Política. Adorni bajo presión: revelan chats presionando al contratista antes de declarar ante el juez

La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo episodio sensible tras la difusión de presuntos chats con el contratista Matías Tabar, quien declaró como testigo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. En ese expediente, el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita investigan el patrimonio del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti.

Los mensajes, revelados por los periodistas Nicolás Wiñazky y Santiago Fioriti en A24, muestran un supuesto intento de contacto de Adorni con Tabar tres días antes de que el contratista declarara ante la Justicia. El dato agrega presión política y judicial sobre una causa que ya venía concentrando la atención en viajes, propiedades, pagos en efectivo y deudas del funcionario.

Los chats entre Adorni y Matías Tabar

Según los mensajes difundidos, Adorni le habría escrito a Tabar el viernes previo a la testimonial: "Che tenía que hablar con vos por el tema de la declaración".

Luego, el funcionario habría agregado: "Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado". La respuesta del contratista fue breve: "Que me llamen".

Más tarde, siempre según el contenido revelado, Adorni habría insistido después de una comunicación telefónica. "Bueno, habíamos quedado que si necesitabas mi ayuda", le escribió.

Ya asesorado por abogados, Tabar decidió cortar el intercambio. "Mirá, te quería contar que hablé con gente que me aconsejó que no tenemos que tener ninguna comunicación entre nosotros", respondió. Y cerró: "Manu, te agradezco. Nosotros vamos a contar toda la verdad".

Qué declaró el contratista en la causa Adorni

Tabar declaró ante el fiscal Pollicita que Adorni le habría pagado US$245.000 en efectivo por remodelaciones realizadas en su casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La información se suma a otros testimonios incorporados al expediente, en los que ya se habían mencionado pagos en efectivo y sin factura por trabajos de carpintería y mobiliario vinculados a propiedades del matrimonio.

El punto central para la Justicia es determinar si esos gastos fueron compatibles con los ingresos declarados por Adorni desde su llegada al Gobierno nacional, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

El pedido de Marcela Pagano y la doctrina Irurzun

Tras los primeros trascendidos sobre un posible intento de contacto con el testigo, la diputada nacional Marcela Pagano se presentó en Comodoro Py y pidió que se aplicara la llamada doctrina Irurzun para detener preventivamente a Adorni.

Esa doctrina, elaborada por el camarista Martín Irurzun, sostiene que exfuncionarios con poder residual o vínculos dentro del Estado pueden tener capacidad para obstaculizar investigaciones judiciales. Pagano planteó que, en este caso, el riesgo sería mayor porque Adorni ocupa actualmente un cargo central en el Gobierno.

Sin embargo, el fiscal Gerardo Pollicita rechazó el pedido al considerar que no existe un "riesgo real o grave" de obstrucción de la investigación por parte del jefe de Gabinete.

Otro antecedente: el llamado de Marcelo Grandío

El episodio de Tabar no es el único dato vinculado a posibles contactos con testigos dentro del expediente. Durante la declaración testimonial de la secretaria del piloto del avión privado en el que Adorni viajó a Punta del Este, su amigo Marcelo Grandío la habría llamado de manera insistente.

La mujer se puso nerviosa, mostró el teléfono al fiscal y al juez Ariel Lijo, y la Justicia dispuso una restricción de acercamiento y contacto para Grandío.

Ese antecedente vuelve más delicada la aparición de los chats entre Adorni y Tabar, porque instala en la causa una discusión sobre eventuales intentos de influir, condicionar o acompañar testimonios vinculados al expediente.

La investigación patrimonial que rodea al jefe de Gabinete

La causa por presunto enriquecimiento ilícito busca reconstruir la evolución patrimonial, económica y financiera de Adorni y Angeletti. Entre los bienes bajo análisis figuran propiedades en Caballito, inmuebles en el country Indio Cuá, viajes al exterior y préstamos de terceros.

También se investigan pagos en efectivo, deudas sin documentación clara y posibles operaciones inmobiliarias que no tendrían, según fuentes judiciales, una correspondencia evidente con los ingresos declarados.

En ese marco, el juez Lijo ya ordenó levantar el secreto fiscal del matrimonio y avanzar con requerimientos de información ante organismos nacionales y provinciales.

Un nuevo golpe político para la Casa Rosada

La difusión de los chats impacta directamente en el Gobierno de Javier Milei, que en los últimos días volvió a cerrar filas alrededor de Adorni. El Presidente defendió públicamente al jefe de Gabinete, aseguró que "está limpio" y descartó desplazarlo del cargo.

Sin embargo, la aparición de mensajes con un testigo antes de su declaración vuelve a complicar la estrategia oficial de presentar el caso como una campaña política o mediática.

Desde una mirada institucional, el punto clave será si la Justicia considera que esos contactos tuvieron relevancia procesal o si solo formaron parte de un intercambio sin capacidad real de afectar la investigación.

El costo de sostener a Adorni

El caso Adorni ya dejó de ser un expediente estrictamente patrimonial. Ahora combina posibles inconsistencias económicas, testimonios sensibles, pedidos de medidas restrictivas y una discusión política sobre la transparencia del Gobierno.

Para la Casa Rosada, el riesgo es que cada nueva revelación vuelva a colocar al jefe de Gabinete en el centro de la agenda y debilite el discurso oficial sobre honestidad, austeridad y lucha contra la "casta".

El desenlace dependerá de la evolución judicial, del análisis de los teléfonos y de la documentación patrimonial que se incorpore al expediente. Pero en términos políticos, la filtración de los chats vuelve a aumentar la presión sobre Adorni y complica el intento del oficialismo de cerrar la polémica.