La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios fueron imputados por espionaje a la comunidad mapuche. El fiscal Franco Picardi inició la investigación penal para saber si actuaron fuera del marco legal con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras.

El fiscal pidió investigar si se realizaron tareas de inteligencia ilegal, en coordinación con los carabineros de Chile para involucrar falsamente a personas, y así construir en la figura de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) una categoría de la guerrilla, con el fin de justificar la represión a comunidades indígenas.

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