09/03/2023
En un documento de más de 1.600 páginas, el Tribunal Oral Federal 2 reveló los fundamentos por la causa Vialidad que involucra a Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada a seis años de prisión.
El Tribunal dictaminó que entre 2003 y 2015 hubo "manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez".
El informe también sostiene se probó la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex Presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos.
En el mismo escrito, se puede leer que la integración de esta organización criminal tuvo como jefes a los ex primeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y como organizadores al ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel De Vido, al ex Secretario de Obras Públicas José Francisco López, al ex Subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, al ex Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Guillermo Periotti, al amigo personal y socio comercial de los ex Presidentes, Lázaro Antonio Báez, entre otras personas.
Por otro lado, el Tribunal sentenció que para lograr sustraer los fondos del Estado, los miembros de esta asociación, entre otros planes delictivos, escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro Nacional; convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad; seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción; y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos".
De esta manera, los jueces dieron por probado el delito de administración fraudulenta de manera unánime en relación al supuesto favorecimiento a Báez con la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
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