El presidente de la Nación Javier Milei y la vicemandataria Victoria Villarruel, junto al extitular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Juan Bautista "Tata" Yofre, fueron denunciados penalmente este miércoles por "apología del delito" a raíz del video que publicó el gobierno nacional el domingo último, que, según el reclamo judicial, "podría haber incurrido en una justificación" de la dictadura en el 48° aniversario del golpe de Estado.

La acusación, presentada por el abogado Javier Garin y recibida en el tribunal federal a cargo de María Servini, sostiene que los dirigentes involucrados "podrían haber incurrido en forma reiterada y sistemática en una justificación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una directa o indirecta reivindicación del terrorismo de Estado y una apología de los criminales condenados por esos delitos".

La denuncia se basa en el video elaborado y difundido por la administración de La Libertad Avanza el domingo por el 24 de Marzo, en una nueva edición del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, jornada en la que los dirigentes del gobierno instaron a ejercer una memoria "completa", contradijeron la cifra de los 30.000 desaparecidos y matizaron el plan de terrorismo de estado implementado por el régimen militar al compararlo con la actividad de guerrillas como el ERP y Montoneros. El spot tiene a "Tata" Yofre como uno de los oradores.

En particular, la presentación judicial condena "la minimización del número de desaparecidos, la invocación de un estado de 'guerra' como justificante (defensa que invocaron los represores y que los tribunales argentinos invariablemente rechazaron), la alegación de que hubo 'excesos' y no un plan sistemático de exterminio (defensa también rechazada ya por los jueces que intervinieron en el Juicio a las Juntas), el señalamiento de la violencia guerrillera como un argumento exculpatorio de los condenados por lesa humanidad".

"Si bien en la Argentina no existen normas penales contra el negacionismo, está tipificada la apología del delito y el incumplimiento de deberes, figuras en las que estima podrían hallarse incursos el presidente y la vice. Es obligación de los funcionarios públicos defender y hacer cumplir el orden jurídico, el cual está erigido en Argentina sobre la base del respeto a los derechos humanos y la condena del terrorismo de Estado, a modo de un pacto democrático consagrado en la Constitución reformada en 1994", agrega el texto.