La Legislatura mendocina votó la suspensión de la diputada provincial Janina Ortiz por "comportamiento indigno". Cabe recordar que a solo 10 días de haber asumido su banca, Ortiz ya se encontraba en el foco de la tormenta por una serie de delitos que se le adjudicaban de su anterior paso por la Municipalidad de Las Heras. En esta oportunidad, está acusada de fraude a la administración pública y por coacción agravada, por presuntamente haber obligado a una empleada municipal a tener relaciones sexuales con un funcionario.

La Legisladora provincial fue electa en representación de La Unión Mendocina, partido aliado a La Libertad Avanza. Este miércoles, con el aval de 34 de los 47 diputados presentes quedó oficialmente suspendida de sus funciones y dejará de cobrar la dieta correspondiente. Asimismo, al tratarse de una suspensión y no una remoción, la Cámara de Diputados de Mendoza continuará funcionando con un integrante menos: 47 legisladores. Solo podrá volver a ocupar la banca si la Justicia la absuelve.

Se eligió la figura de "comportamiento indigno" porque, luego de ser desaforada, Ortiz no se ajustó a derecho, presentando casi 20 pedidos de nulidad para evitar ser notificada de las imputaciones en su contra por fraude a la administración pública y coacción agravada. A partir de la causa "cooperativa fantasma" en donde se investiga que un grupo de funcionarios y allegados se habría enriquecido con dinero del Estado municipal de Las Heras mediante licitaciones y contrataciones irregulares. Ortiz es acusada de haber ordenado pagos a una cooperativa llamada "Manos a la Obra", sin contar con la firma del intendente, y de integrar la comisión de pre-adjudicación que avaló todo lo actuado.

De la "presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad de Administración infiel", Ortiz está acusada de haber presuntamente obligado a una empleada municipal a mantener relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo.

En tanto, los fiscales Flavio D'Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción N°7, y Patricia Atur, de la Fiscalía de Instrucción N°32, consideran que hay pruebas suficientes para imputarla, pero a Ortiz la debe notificar el fiscal en una audiencia. Y es allí donde Ortiz y su abogada, Elena Quintero, han presentado casi una veintena de nulidades para evitar presentarse ante los representantes del Ministerio Público Fiscal.

En cuanto a la acusación de "coacción agravada", su abogada también presentó un recurso de nulidad que mantiene frenada la imputación y que debe ser resuelto por la cámara.

Por otra parte, hay una tercera causa en la que Ortiz podría ser acusada también. Se trata de un caso de abuso sexual en una dependencia del municipio, cuyo autor material sería Franco Cortez, ex director de Juventud, que está procesado en la causa. De acuerdo con la denuncia, Ortiz le dijo a la víctima que "se quedara en el molde" porque el presunto violador era marido de su mejor amiga. Ortiz es investigada por encubrimiento.