De acuerdo con lo informado este lunes por el Ministerio de Justicia, el Gobierno nacional dejará de pagar las indemnizaciones reclamadas por personas que aseguran haber sido víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en el país. Esto se decidió luego de haber detectado irregularidades en los trámites.

De esta manera, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, comunicó que "dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado". El texto, que fue difundido a través de las redes sociales del organismo nacional, señala que la medida se debe a la detección de "distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago", del beneficio para las personas que fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad.

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar durante el gobierno de facto entre los años 1976 y 1983, en los que integrantes de las Fuerzas Armadas desaparecieron y torturaron personas. Hasta el momento, el Estado había compensado el daño sufrido por las víctimas. Ahora, con la disposición adoptada por la gestión actual, eso será sometido a revisión.

Cúneo Libarona avanzó en la decisión mediante la resolución ministerial N RS - 2024 - 40979055 - APN - MJ, a través de la cual se impone una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado.

Por su parte, dentro de los fundamentos, la Justicia indica que la medida surge a partir de la causa "Martínez Moreira, Adrián y otros sobre defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita", y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal. Ese expediente fueron procesadas personas a quienes se acusa de haber falseado datos para percibir el beneficio que otorga el Estado. El organismo nacional asegura que no es el único caso.

"El Ministerio articulará las medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo perseguirá la devolución de las sumas pagadas por fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado", concluye el texto.