01/06/2024
El oficialismo aceptó modificaciones en 40 puntos del proyecto de desregulación de la economía y el paquete fiscal para poder llevarlo al recinto. Ganancias, blanqueo de capitales y RIGI son algunos de los aspectos que sufrieron cambios.
Luego de casi un mes de negociaciones, debate en comisiones, marchas y contramarchas, esta semana el Gobierno consiguió dictamen en el Senado para tratar la Ley Bases y el paquete fiscal en el recinto.
Sin embargo, el desenlace no fue con ambas iniciativas indemnes e idénticas a como recibieron la media sanción en la Cámara de Diputados.
El oficialismo tuvo que ceder y aceptar modificaciones en 40 puntos de las dos normativas que la Casa Rosada puso como objetivo para el primer año de gestión.
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El régimen de Ganancias, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el blanqueo de capitales, las regalías mineras y las facultades delegadas sufrieron cambios con respecto a lo proyectos originales.
Con respecto a Ganancias, se definió incrementar en un 22% el mínimo no imponible para los habitantes del sur del país.
Con modificaciones. El proyecto que obtuvo media sanción en Diputados sufrió cambios y, en caso de ser convalidado, regresará a la Cámara Baja.
En lo que respecta al blanqueo de capitales, los dos cambios sustanciales que se sumaron al texto fueron la exclusión de los hermanos de los funcionarios para adherir al régimen. A su vez, tampoco podrán hacerlo aquellos funcionarios públicos que ejercieron un cargo en la última década.
El RIGI tuvo modificaciones en el artículo 163, donde se vulneraban algunos aspectos de las autonomías provinciales. Además, se agregó la obligación para que las empresas que adhieran un plan de desarrollo con proveedores locales y equipararon la posibilidad de que las industrias nacionales puedan recibir los beneficios fiscales y cambiarios.
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Las regalías mineras fueron cambiadas a pedido del senador santacruceño José María Carambia. La percepción de ese tributo subió del 3% al 5%.
Por último, el Gobierno cedió en el punto de las facultades delegadas, donde concedió modificaciones en la amplia redacción del artículo 3 e incluyó a 15 organismo e instituciones públicas que el Gobierno no podrá intervenir para su eventual disolución.
Entre ellas, se encuentran algunas que pidieron los radicales como el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
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