El Gobierno Nacional promulgó la Ley Bases

El presidente Javier Milei promulgó este lunes la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, junto con un paquete de medidas fiscales que declara una emergencia pública en las áreas administrativa, económica, financiera y energética por un año.

Mediante los Decretos 592 y 593, publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en vigencia la ley que había sido aprobada por el Congreso, delegando así facultades al Poder Ejecutivo para llevar a cabo una reforma del Estado.

Esta medida se tomó en la antesala de la firma del Pacto de Mayo, evento que se celebrará esta noche en la Casa Histórica de Tucumán.

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Con esta ley, Milei tiene la capacidad de modificar, eliminar o reorganizar órganos de la administración central y descentralizada, con la excepción de las universidades y ciertos organismos judiciales y legislativos.

Los decretos cuentan con la firma del Presidente; del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y del ministro de Economía, Luis Caputo, estableciendo la vigencia de las legislaciones.

Rúbrica presidencial. Javier Milei firmó los decretos que promulgan la Ley Bases y el paquete fiscal.

Según informó la agencia NA, la administración libertaria priorizará la reglamentación del apartado fiscal, enfocándose especialmente en la restitución del Impuesto a las Ganancias y las facultades delegadas.

Fuentes del gobierno indicaron que estas medidas entrarán en vigor en un plazo de dos meses.

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Otro aspecto destacado de la ley es la privatización de empresas estatales como Nucleoeléctrica Argentina S.A. y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

En relación al empleo público, se regula la situación de disponibilidad para el personal afectado por reestructuraciones, estableciendo un periodo máximo de 12 meses durante el cual deberán recibir capacitación o realizar tareas en servicios tercerizados del Estado. Si al finalizar este periodo no se ha establecido una nueva relación laboral, el trabajador será desvinculado automáticamente.

La normativa también autoriza la renegociación o rescisión de contratos de obra pública, concesión, construcción o provisión de bienes y servicios, cuando su suspensión o rescisión sea más conveniente para el interés público.