El Gobierno denunció a organizaciones sociales por recibir más de $500 millones destinados a comedores que no existen

El Ministerio de Capital Humano presentó ante la Justicia una reveladora documentación que expone un presunto desvío millonario de fondos destinados a comedores y merenderos que, según las investigaciones, no existen en la realidad. El escándalo involucra a seis cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones vinculadas a movimientos sociales, incluyendo la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y grupos piqueteros, quienes habrían recibido un total de $503.119.219 en subsidios y alimentos del ex Ministerio de Desarrollo Social.

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De acuerdo con la denuncia presentada ante el juzgado federal de Ariel Lijo y la fiscalía de Ramiro González, los fondos no fueron rendidos como correspondía y se sospecha que fueron retenidos ilegalmente por las organizaciones o desviados a terceros, alterando así el propósito original de asistir a personas vulnerables.

Asimismo, la subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, y el Director General de Asuntos Jurídicos, Ariel Romano, explicaron que las auditorías realizadas durante el año revelaron la inexistencia de los comedores y merenderos que habían sido preinscritos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM). Además, remarcaron que menos del 10% de las organizaciones auditadas cumplieron con las obligaciones de registro y reporte de cambios en los datos.

Dentro de las irregularidades detectadas, se mencionó el caso de la Cooperativa de Trabajo El Fortín de Encarnación Limitada, vinculada a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que recibió más de 100 millones de pesos para abastecer a 121 comedores/merenderos inexistentes. Similarmente, la Asociación Civil Centro de Estudios y Trabajo para la Igualdad Social (CEYTIS) recibió $257.119.219 para 116 comedores/merenderos que tampoco existían físicamente.

El Ministerio acompañó la denuncia con planillas detalladas de las organizaciones beneficiarias y los supuestos comedores que declararon tener, pero que nunca fueron encontrados durante los monitoreos realizados.

Según la presentación judicial, las organizaciones sospechadas acordaron recibir fondos destinados a comedores ficticios y no realizaron los debidos reportes o devoluciones de los fondos excedentes. Esto ha llevado a acusaciones formales por defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad.

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Este escándalo provocó un fuerte revuelo político, más que nada por la vinculación de algunas organizaciones con movimientos sociales y partidos políticos. Desde la Casa Rosada, se sigue de cerca el desarrollo de la causa, que también ha puesto bajo escrutinio la gestión de fondos públicos durante el anterior gobierno. La causa judicial continúa bajo investigación, con expectativas de nuevas revelaciones sobre el destino final de los fondos y la responsabilidad de los involucrados en el presunto desvío de recursos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad.