El Gobierno oficializó el cierre del INADI

El Gobierno nacional formalizó esta madrugada el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) a través del decreto 696/2024, publicado en el Boletín Oficial. La medida, anunciada previamente por el vocero presidencial Manuel Adorni, pone fin al proceso de desmantelamiento que comenzó hace seis meses.

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Cabe recordar que el decreto establece la disolución del INADI, un organismo descentralizado del Ministerio de Justicia, y la transferencia total de sus recursos materiales y financieros al Ministerio encabezado por Mariano Cúneo Libarona. De acuerdo con la normativa, el ministerio se encargará ahora de elaborar y ejecutar las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo.

Asimismo, Adorni, quien había adelantado la decisión en redes sociales, subrayó que "mañana (por hoy) el INADI habrá dejado de existir para siempre". En sus comunicaciones previas, el funcionario había justificado el cierre como parte de la política del presidente Javier Milei de reducir el tamaño del Estado y eliminar organismos que, según él, no aportan beneficios tangibles a los ciudadanos.

El INADI, creado para enfrentar diversas formas de discriminación, contaba con aproximadamente 400 empleados y oficinas en todo el país. Según Adorni, el organismo había acumulado 7.000 expedientes sin resolver, de los cuales solo 2.000 fueron gestionados en los primeros dos meses del año. Este contexto, junto con la crítica sobre su sobredimensionada estructura y la falta de eficiencia en sus tareas, llevó a la decisión de suprimirlo.

En tanto, el Ministerio de Justicia, en su comunicado, explicó que el INADI tenía 431 agentes activos distribuidos en 44 sedes en todo el país. Los gastos salariales del personal del instituto alcanzaron los 315 millones de pesos en marzo de 2024, cifra que equivaldría a aproximadamente 2.347 jubilaciones mínimas. Además, se señaló que las campañas de sensibilización y capacitación del INADI carecían de documentación administrativa adecuada, y el instituto aún no había desarrollado un 'Plan Nacional contra la Discriminación' tras más de 20 años de existencia.

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De esta manera, con la eliminación del INADI, el Gobierno pretende redirigir los recursos y la gestión hacia el Ministerio de Justicia, con la esperanza de que esta medida contribuya a una administración más eficiente y menos costosa del Estado.