22/08/2024

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Caso Loan: rechazaron a la provincia de Corrientes como querellante

La Cámara Federal desestimó el planteo de la administración del gobernador Gustavo Valdés, que quería presentarse en la causa como "damnificada".

La Cámara Federal de Corrientes rechazó la apelación presentada, y el gobierno provincial no podrá participar como querellante en la investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña, quien se extravió hace más de dos meses en la localidad de 9 de Julio.

La jueza argumentó que la solicitud presentada por el fiscal de Estado de Corrientes, Horacio Ortega, "carece de motivación". Además, destacó: "La finalidad de brindar tutela reforzada a los menores está garantizada por los órganos constitucionalmente predispuestos".

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En la resolución, también se señala: "Tampoco es posible entender que el Estado Provincial pueda erigirse como 'damnificado' en la presente causa, atento que no se observa la existencia de un 'perjuicio concreto y real que de algún modo permita colocarlo en dicha posición'".

Recientemente, un hombre realizó 36 llamadas al 911 afirmando haber visto a Loan, lo que motivó a personal del Gabinete de Investigaciones de Gonzales Chaves y al Centro de Monitoreo Urbano a organizar un operativo en el sur de la provincia de Buenos Aires.


Rechazado. Corrientes no será querellante en la investigación por la desaparición de Loan.

Las llamadas, recibidas el pasado 11 de agosto, alertaban sobre la supuesta presencia de Loan Peña en una localidad bonaerense. A raíz de esto, se solicitaron informes a las empresas telefónicas y al Servicio de Emergencias, lo que permitió rastrear el dispositivo desde el cual se originaron las llamadas.

El fiscal Juan Carlos Ustarroz ordenó investigar para identificar al responsable de la falsa alarma.

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Las autoridades descubrieron que el autor de las llamadas era Juan Ignacio Rodríguez, quien ya tenía antecedentes relacionados con el caso del niño. Además, se realizó un allanamiento en su domicilio este miércoles.

Actualmente, se está recopilando evidencia para imponer una sanción bajo la ley contravencional, que contempla multas de entre 4 y 10 millones de pesos por efectuar llamadas falsas a los servicios de emergencias.

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