Milei firmó el veto total a la Ley de Jubilaciones que aprobó el Congreso

Cercano al límite de los 10 días reglamentarios, el presidente Javier Milei finalmente procedió a vetar la ley que otorgaba una mejora en las jubilaciones, previamente aprobada por el Congreso.

El mandatario justificó su decisión afirmando que dicha medida afectaría gravemente las finanzas públicas, poniendo en peligro tanto el superávit fiscal como el plan económico del gobierno. El decreto que formaliza el veto será publicado en el Boletín Oficial en la medianoche del domingo al lunes.

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El veto presidencial fue anunciado tras una reunión en la Casa Rosada entre Milei, legisladores de La Libertad Avanza y sus aliados en la Cámara de Diputados, donde se delineó una estrategia para asegurar el respaldo en las votaciones que ratifiquen la decisión del presidente.

Según fuentes consultadas por el portal Infobae, el decreto argumenta que la propuesta del Congreso es "claramente contraria al marco legal vigente", ya que no toma en cuenta el impacto fiscal ni establece una fuente de financiamiento.

Además, se subraya la responsabilidad del Poder Legislativo en no aprobar medidas que puedan poner en riesgo las cuentas públicas o que contradigan el presupuesto aprobado.

Encuentro. Milei encabezó una reunión con legisladores oficialistas y de la oposición dialoguista antes de firmar el veto presidencial.

El decreto recalca la importancia del Presupuesto Nacional, presentado como un "programa general de gobierno", que no solo refleja la visión del presidente, sino también la voluntad del pueblo que lo eligió.

Según lo que han indicado fuentes gubernamentales, el presupuesto actual no contempla una partida que permita cubrir el gasto adicional que supondría esta medida para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

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En cuanto a los números, el gobierno estima que el costo de la medida ascendería a 6,16 billones de pesos en 2024, lo que representa el 1,02% del PBI de ese año. Para 2025, se proyecta que la cifra llegaría a 15,43 billones de pesos, equivalentes al 1,64% del PBI.

Esto implicaría un aumento del gasto previsional del 18,5% para 2024 y un 29,2% para 2025, afectando significativamente el presupuesto general y dificultando el cumplimiento de las metas fiscales establecidas por el Gobierno.