Organizaciones sociales y piqueteras marchan al Congreso contra el veto a ley jubilatoria

Hoy se prevé una jornada de alta tensión tanto dentro como fuera del Congreso Nacional, donde se debatirá la respuesta a la reciente decisión presidencial de vetar la ley de movilidad jubilatoria. A partir de las 13 horas, un amplio grupo de organizaciones sindicales, piqueteras, sociales y partidos de izquierda se concentrará frente al edificio legislativo para manifestar su rechazo al veto firmado por el presidente Javier Milei.

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Mientras los diputados se reunirán en una sesión especial para decidir si aprueban o rechazan el veto presidencial, el Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich, dispuso un riguroso operativo de seguridad. La Policía de la Ciudad trabajará en coordinación con las fuerzas nacionales, siguiendo el protocolo antipiquetes para prevenir incidentes.

Asimismo, Bullrich fue enfática en sus declaraciones previas a la marcha: "Nosotros tenemos una decisión, que este país tenga orden público. Las personas pueden marchar, pero bajo ciertas circunstancias, hay un protocolo". El alcalde porteño, Jorge Macri, también se manifestó en términos similares, destacando que se garantizará la seguridad y el orden en la Ciudad. "La discusión de leyes tiene que darse en el ámbito legislativo y no se debe imponer desde afuera por parte de grupos agresivos", señaló Macri.

Se movilizan las organizaciones de izquierda, los movimientos sociales, las dos CTA, sindicatos de la CGT y agrupaciones de jubilados.

La preocupación en el Ministerio de Seguridad se intensificó después de escuchar a varios dirigentes que han convocado a la protesta. Abel Furlán, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica, instó a "mostrar rebeldía para conquistar el poder", mientras que Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, expresó que "las calles no son de Patricia Bullrich, son de los trabajadores". Rodolfo Aguiar de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también llamó a movilizarse contra lo que considera un protocolo anticonstitucional.

En tanto, numerosos sindicatos y movimientos sociales emitieron comunicados en los que anticipan una gran movilización. Entre ellos, se encuentran los movimientos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente Sindical liderado por Pablo Moyano, y la Corriente Federal de Sergio Palazzo. También se espera la participación de figuras destacadas como Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Cabe mencionar que el operativo de seguridad incluirá a grupos especiales de Prefectura, Gendarmería y Policía Federal, además de la Brigada Motorizada y camiones hidrantes. Se dispuso un vallado alrededor del Congreso, y la circulación en la zona será restringida a partir de las 11 de la mañana. Las autoridades temen posibles provocaciones y actos de violencia por parte de algunos manifestantes, quienes podrían intentar utilizar la movilización para generar desmanes y presionar a los diputados.

De esta manera, la marcha de hoy se presenta como una de las más significativas en los últimos tiempos, especialmente después de que el gobierno vetara la ley de movilidad jubilatoria sancionada por el Senado el 22 de agosto. El veto presidencial, que se oficializó el 2 de septiembre mediante el decreto 782/24, argumenta que la ley es "manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente" al no considerar el impacto fiscal ni la fuente de financiamiento. Diversos dirigentes, como Nicolás Caropresi del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), han criticado la decisión del gobierno, calificando el veto como una medida que agrava la situación de los jubilados. Silvia Saravia de Libres del Sur y Johana Duarte del Movimiento Evita también han manifestado su rechazo, destacando que la movilización es una forma de defender los derechos de los jubilados frente a lo que consideran una política de ajuste.

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Con la expectativa de una gran afluencia de manifestantes y una fuerte presencia policial, la jornada promete ser un test importante tanto para la seguridad en la vía pública como para la resolución del debate legislativo.