El Gobierno evalúa ampliar el presupuesto educativo 2025

Este miércoles, la segunda marcha federal universitaria se llevará a cabo con una movilización hacia el Congreso, en respuesta al futuro veto presidencial a la Ley de Financiamiento y en demanda de una mejora en los salarios docentes. El Gobierno, por su parte, calificó la protesta como "política" y "opositora", aunque se mostró dispuesto a discutir la ampliación del presupuesto educativo para 2025.

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De esta manera, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, expresó que "es una marcha antigobierno", destacando que sus consignas trascienden el reclamo salarial. La convocatoria ha contado con el respaldo de rectores de universidades públicas, la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA Autónoma (CTA-A), la CTA de los Trabajadores (CTA-T), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones sociales, partidos de izquierda y una fracción del radicalismo. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner también instó a los estudiantes a unirse a la movilización, lo que llevó al oficialismo a argumentar que buscan aprovechar un reclamo legítimo para ganar capital político.

Desde el Gobierno, se alega que la confrontación no es con las universidades, ya que comparten la intención de aumentar el financiamiento, sino con el Congreso, al que se le exige claridad sobre cómo se financiarán las nuevas asignaciones. Manuel Adorni, vocero presidencial, explicó en conferencia de prensa que el Gobierno está a favor de mejorar el financiamiento, pero subrayó que "es fundamental que las leyes tengan una partida presupuestaria asignada".

Para el Ejecutivo, los sindicatos y la oposición buscan sacar rédito de la movilización y correr el foco del reclamo salarial. La Casa Rosada está dispuesta a aumentar las partidas para el año que viene, pero espera que el Congreso determine de dónde se sacarán los fondos.

Adorni enfatizó que "son proyectos que no pueden financiarse" y que "el Congreso debe fundamentar de dónde obtendrá el dinero para implementar los aumentos". El presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso ya contempla ciertos valores, pero se requiere un ajuste si se tienen en cuenta los aumentos de los últimos meses.

En tanto, Torrendell reiteró que cualquier ampliación presupuestaria debería surgir del diálogo legislativo. "El Presidente fue claro: las asignaciones presupuestarias deben estar respaldadas por los fondos correspondientes", sostuvo. En esta línea, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, afirmó que no ha recibido reclamos formales de las universidades sobre la necesidad de aumentar gastos de funcionamiento.

A pesar de que en el Gobierno se ha admitido un atraso del 50% en los salarios del sector, no se ha presentado una solución concreta al respecto. Además, en los últimos días ha circulado la idea de transferir las universidades nacionales a las provincias, lo que obligaría a estas instituciones a encontrar sus propios medios de financiamiento. Sin embargo, tanto Torrendell como su equipo han descartado esta posibilidad de manera categórica.

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Con la marcha programada, la comunidad universitaria se prepara para expresar su descontento y exigir un cambio en la política de financiamiento educativo, mientras que el Gobierno sigue defendiendo su postura sobre la necesidad de un presupuesto sustentable.