Conflicto legal entre la UBA y la SIGEN por el control de los fondos públicos

La Universidad de Buenos Aires (UBA) se encuentra en medio de una intensa controversia legal tras la denuncia presentada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en busca de documentación sobre el uso de fondos públicos. La medida, respaldada por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, tiene como objetivo garantizar la rendición de cuentas sobre los recursos transferidos por el Estado.

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El rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, ha manifestado su oposición a esta auditoría, argumentando que infringe la autonomía universitaria, un derecho consagrado por la Constitución. La controversia se ha intensificado desde que el rector solicitó una medida cautelar para frenar la acción de la SIGEN, señalando que el control del organismo gubernamental podría menoscabar la autarquía de la universidad.

El conflicto se desató tras la decisión de la SIGEN de auditar a la UBA, que sería la primera de las universidades nacionales en ser sometida a este proceso. A pesar de los intentos de la SIGEN de notificar formalmente a la institución, Gelpi ignoró la comunicación, lo que llevó al organismo a entregar la nota directamente en la Rectoría.

En medio de la puja por las auditorias a la casa de altos estudios, el Síndico General de la Nación, Miguel Blanco, hizo la presentación con el respaldo del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.

La acción judicial presentada por la SIGEN busca que la UBA cumpla con la Ley de Educación Superior y la Ley de Administración Financiera, las cuales establecen la obligación de rendir cuentas sobre el uso de los fondos públicos. La SIGEN argumenta que estas auditorías son necesarias para prevenir el desvío de recursos y garantizar la transparencia en la gestión.

El rector Gelpi, por su parte, sostiene que la intervención de la SIGEN es inconstitucional y vulnera el principio de separación de poderes. La UBA ha presentado su propio recurso legal, argumentando que su sistema interno de control es suficiente y que la auditoría podría afectar la libertad académica y la autonomía de la institución.

Este conflicto no solo ha generado tensiones entre la UBA y el gobierno, sino que también ha provocado protestas en el ámbito universitario, en un contexto marcado por el reciente veto al financiamiento universitario por parte del presidente Javier Milei.

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La disputa ha llegado a los tribunales, donde la jueza Rita Ailan deberá decidir sobre la validez de las demandas presentadas por ambas partes. Mientras tanto, algunas universidades han aceptado ser auditadas, abriendo sus puertas a la SIGEN, lo que contrasta con la resistencia de la UBA.

Este enfrentamiento pone de relieve la compleja relación entre el gobierno y las universidades en Argentina, y plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas y la gestión de los recursos públicos en el sistema educativo.