Ante la falta de acuerdos, se estanca el debate por el Presupuesto 2025 en Diputados

Las negociaciones entre los bloques de la oposición dialoguista siguen en marcha, con los libertarios decididos a avanzar en el dictamen del Presupuesto 2025, del que buscan lograr su media sanción a mediados de noviembre y sancionarlo en la primera mitad de diciembre.

En la oposición, hay cierta desconfianza respecto al cronograma propuesto por el oficialismo, debido a que aún persisten importantes reclamos de las provincias y de los dialoguistas. "Hay avances y tomaron varios aportes en la redacción de los artículos", le comentaron al portal Infobae desde el radicalismo.

Sin embargo, reconocieron que la transferencia de funciones que la Casa Rosada planea hacer a las provincias desencadena una compleja discusión sobre recursos que aún no se ha resuelto.

Un aspecto clave es la petición de las provincias de incluir un cambio en las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles en el Presupuesto. Actualmente, este tributo cuenta con seis asignaciones específicas, destacándose las obras públicas y subsidios al transporte. Dado que el Gobierno ha recortado subsidios y no está ejecutando las obras, retiene esos fondos para equilibrar las cuentas.

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"Que vuelva todo a la masa coparticipable y se reparta 56% para las provincias y 44% para la nación. Después cada distrito definirá cómo subsidiar el transporte, pero van a tener los recursos", explicaron desde otro bloque dialoguista.

Además, varios bloques opinan que "no tiene lógica" que ARCA, el organismo que sustituyó a la AFIP, continúe recibiendo el 1,9% de la recaudación neta total para su financiamiento. Si, como sostiene el Gobierno, la estructura de personal se ha reducido para bajar costos, los recursos tributarios que se generan en las provincias deberían regresar a la masa coparticipable.

Un problema similar se presenta con los Aportes del Tesoro Nacional, que representan el 1% de la masa coparticipable según la Ley 23.548. Históricamente, el Ejecutivo ha distribuido estos fondos a su discreción, pero ahora ha disminuido casi a cero su asignación.

Recinto. La intención del oficialismo es que el Presupuesto 2025 sea aprobado a mediados de noviembre en Diputados.

La situación en el ámbito de la obra pública también genera fricciones. El PRO busca asegurar la reactivación de proyectos que ya tienen convenios firmados entre el Gobierno Nacional y las provincias, pero que se encuentran paralizados. Esto es particularmente relevante en Entre Ríos, Chubut y la ciudad de Buenos Aires, gobernadas por representantes de dicho espacio político.

Mientras tanto, otros gobernadores señalaron que varios convenios firmados no han sido reflejados en el Presupuesto. "Iban a pasar las nuevas planillas, pero todavía no lo hicieron. Una opción es ratificar los convenios en el proyecto", comentaron a este medio.

Por otro lado, tanto el radicalismo como el bloque de Pichetto y la Coalición Cívica esperan una respuesta más contundente del Gobierno respecto a la suspensión del artículo 9 de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional. Esta norma estipula que el Estado debe asegurar un gasto consolidado en educación (nación, provincias y CABA) que no sea inferior al 6% del PBI.

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Mientras el PRO y la UCR aseguran que las negociaciones bilaterales van bien, los diputados de Encuentro Federal revelaron que el Gobierno ha rechazado todas sus propuestas.

Los diputados liderados por Miguel Ángel Pichetto buscan aumentar las jubilaciones, incluir el bono en el haber y automatizar su actualización, así como incrementar los fondos para universidades y garantizar las transferencias a las cajas previsionales provinciales.

Para lograr esto, proponen un conjunto de recortes que abarca partidas de la Jefatura de Gabinete, la SIDE y la Secretaría General de Karina Milei. También sugieren limitar las exenciones de IVA a ciertos sectores, y una significativa reducción del cupo fiscal que beneficia a empresas de la Economía del Conocimiento, que pasaría de $195.000 millones a $30.000 millones, afectando principalmente a grandes compañías como Mercado Libre y Globant.

"No queremos depender del Gobierno, por eso estamos trabajando en nuestro propio dictamen para poder avanzar con el debate", resaltaron.