Recorte en los aportes del Tesoro Nacional genera tensión en la negociación del Presupuesto 2025

En medio de una creciente tensión política y económica, el Gobierno ha realizado un recorte significativo en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados a las provincias. En lo que va del año, la Casa Rosada ha transferido $48.300 millones a diez gobernadores, una cifra que representa una disminución del 73% en comparación con los $179.530 millones entregados en 2023. Esta reducción de $131.230 millones es uno de los puntos álgidos en las negociaciones por el Presupuesto 2025, que sigue siendo motivo de fricción entre la Nación y los mandatarios provinciales.

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Según el informe de gestión presentado por el jefe de gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso, la inflación interanual alcanzó un 193% hasta octubre, lo que ha impactado directamente en las transferencias del Ejecutivo a las provincias. El presupuesto actual destinado a los ATN es de $224.091 millones, bajo la órbita del vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán. Este presupuesto se utiliza de forma discrecional para atender emergencias y desequilibrios financieros en los gobiernos provinciales.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, fue uno de los principales beneficiarios de los ATN, recibiendo $13.000 millones debido a emergencias hídricas y alimentarias en su provincia. Otros mandatarios provinciales que recibieron transferencias notables incluyen a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), con $6.800 millones para enfrentar urgencias climáticas y financieras, y a Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien obtuvo la misma cifra por emergencias hídricas y sociales.

Además, gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta) y los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres, y Jujuy, Carlos Sadir, recibieron $4.500 millones cada uno, mientras que Raúl Jalil (Catamarca) recibió $3.000 millones para abordar una emergencia económica, financiera, administrativa y educativa. El único gobernador de la oposición que fue beneficiado con estas transferencias fue Claudio Vidal (Santa Cruz), quien obtuvo $3.000 millones para atender urgencias climáticas y agropecuarias.

El recorte de los ATN ha avivado las tensiones entre el Gobierno nacional y los gobernadores, particularmente en el contexto de las negociaciones por el Presupuesto 2025. Los mandatarios provinciales se quejan de la falta de claridad y la discrecionalidad con la que el Ejecutivo distribuye estos fondos, lo que ha generado incertidumbre sobre los recursos que finalmente recibirán. Además, existe un malestar por los fondos no ejecutados que están previstos para este año, un tema que fue central en la reciente postergación del tratamiento de un proyecto de ley que limita el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Ejecutivo.

Los ATN son un mecanismo de apoyo financiero previsto por la Ley de Coparticipación Federal de Recursos, que establece que estos fondos deben destinarse a atender situaciones de emergencia y desequilibrios fiscales de los gobiernos provinciales. Sin embargo, el artículo 5 de dicha ley también establece que las provincias perderán el beneficio de estos aportes si otorgan aumentos salariales superiores en un 10% a los de la Nación, lo que ha generado también desacuerdos sobre la gestión de recursos.

Desde 2020, las transferencias discrecionales a las provincias han ido cayendo progresivamente. En 2020, el Gobierno destinó $67.195 millones a través de los ATN, cifra que se redujo a $39.023 millones en 2021 y a $33.175 millones en 2022. Para el año 2025, el Ejecutivo prevé asignar $62.989 millones bajo la Secretaría de Provincias y Municipios, una cifra que aún está siendo debatida en el marco del proyecto presupuestario.

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La reducción de los ATN y la falta de acuerdo sobre el destino de los fondos no ejecutados complican aún más las relaciones entre el Gobierno y los mandatarios provinciales, quienes aseguran que los recortes podrían agravar la situación financiera de las provincias, muchas de las cuales enfrentan dificultades económicas y fiscales graves. En este contexto, las negociaciones por el Presupuesto 2025 y los fondos que llegarán a las provincias serán claves para definir el rumbo de la relación entre la Nación y las provincias en el próximo año.