El Gobierno apura el proyecto para eliminar las PASO y provoca tensión en el Congreso

Con solo 9 días hábiles restantes para que finalicen las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el gobierno de Javier Milei encara una carrera contra reloj para avanzar con su controversial proyecto de eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), que comenzó a tomar forma en las últimas semanas. La fecha límite, el 30 de noviembre, se aproxima y la posibilidad de que el proyecto sea debatido antes del cierre del período legislativo se ve cada vez más lejana, especialmente en un contexto en el que las negociaciones para aprobar el **Presupuesto 2025** continúan trabadas.

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Según fuentes del Ejecutivo, el proyecto que se enviará este martes al Congreso buscaría no solo suprimir las PASO, instauradas en 2009, sino también realizar reformas significativas en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, con el fin de mejorar la representatividad de los partidos y modificar el sistema de financiamiento político. Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por varios sectores de la oposición, que han criticado la falta de un consenso previo y la "improvisación" de la iniciativa.

Desde la bancada del PRO, se expresaron en desacuerdo con el timing de la propuesta, especialmente porque, según argumentan, cambiar las reglas del juego electoral a pocas semanas del cierre del período ordinario resulta inconveniente y poco prudente. "Nos llama la atención que el Ejecutivo anuncie ahora que enviará un proyecto para eliminar las PASO, a menos de un mes de la finalización de las sesiones ordinarias. Quedando inevitablemente su tratamiento para el año próximo. Siempre sostuvimos que no es correcto cambiar las reglas de juego en años electorales", manifestaron desde el PRO.

Es muy probable que este martes la iniciativa sea mandada para su tratamiento legislativo. En la oposición dialoguista se quejan por no haber consensuado antes el tema.

La propuesta del gobierno incluye, además de la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos, una cuestión que también genera controversia. La modificación más destacada es la eliminación de los topes en los aportes privados a las campañas, lo que permitirá un mayor flujo de dinero de fuentes privadas, algo que ya ha generado preocupación en algunos sectores, que temen que esto favorezca a los partidos más grandes y con mayor capacidad económica.

Otro punto de la reforma es la eliminación de la obligación de los medios de comunicación de ceder espacio para la publicidad electoral, un beneficio que hasta ahora estaba garantizado por la ley, y el fin del financiamiento público para las campañas, salvo un aporte anual proporcional a los resultados electorales obtenidos por cada partido. En este sentido, el gobierno también propone reducir la prohibición de hacer encuestas, que actualmente es de 8 días antes de las elecciones, a solo 3 días. Además, se prevé la creación de una nueva figura, la del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la medida, afirmando que las PASO "han funcionado como una encuesta millonaria" que, a su juicio, solo beneficia a los partidos políticos y no a la economía del país ni al tiempo de los ciudadanos. Según Adorni, el costo de las PASO de 2023 superó los 45.000 millones de pesos, un gasto que considera innecesario, dado que muchas agrupaciones políticas no utilizan estas primarias para definir a sus candidatos, sino que las emplean como una herramienta más de marketing político.

Además de la eliminación de las PASO, el gobierno busca modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos para mejorar la representatividad de los partidos y eliminar los "sellos de goma", aquellos partidos que se crean con fines recaudatorios sin realmente tener un apoyo popular significativo.

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A pesar de las críticas recibidas, el Gobierno mantiene la expectativa de que, si logra avanzar con la sanción del proyecto, las reformas entrarían en vigencia de manera automática, afectando a las elecciones legislativas de medio término previstas para octubre de 2025. Sin embargo, los partidos políticos tendrían un plazo hasta junio de 2026 para adecuarse a los nuevos requerimientos establecidos por la reforma.

El tiempo se agota, y el futuro del proyecto está ahora en manos del Congreso, donde la falta de consenso y la tensión entre oficialismo y oposición hacen que las chances de una aprobación rápida sean inciertas. A medida que se acerca el cierre de las sesiones ordinarias, las discusiones sobre el sistema electoral argentino, los costos de las elecciones y las reglas de financiamiento político siguen siendo uno de los temas más candentes en la agenda legislativa.