El peronismo en la Provincia de Buenos Aires se prepara para un cambio de autoridades en la Cámara de Diputados

La política bonaerense se encuentra en plena etapa de ajustes internos, con el peronismo avanzando hacia una reconfiguración de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en un contexto de acuerdos y tensiones entre los principales actores del oficialismo y la oposición. El recambio de autoridades legislativas, que responde a un pacto alcanzado a finales de 2023, marcará un hito importante en la distribución del poder dentro de la Legislatura.

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En el acuerdo inicial, se había establecido que un dirigente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, alineado con los sectores liderados por Máximo Kirchner y Martín Insaurralde, asumiría la presidencia de la Cámara Baja durante un año. Posteriormente, la presidencia sería cedida al Frente Renovador, con un nombre propuesto por Sergio Massa, en un mecanismo conocido como "enroque". Así, durante 2024, la presidencia de la Cámara recaerá en Alejandro Dichiara, mientras que la vicepresidencia será ocupada por Alexis Guerrera, en representación del massismo.

El gobierno de Axel Kicillof, aunque con una mirada distante respecto a este arreglo, logró colocar a su propio representante en la vicepresidencia, pero las conversaciones continúan siendo tensas, pues este recambio implica una serie de renuncias que afectan a varios sectores del recinto. Entre ellos, las vicepresidencias de la Cámara están bajo el control del PRO, la UCR, el bloque de la "Unión Renovación y Fe" (integrado por los libertarios dialoguistas) y el espacio Kicillofista.

Alexis Guerrera -Frente Renovador- es el nombre para presidir durante el 2025, mientras la oposición discute las vicepresidencias. A la par, se negocia el Presupuesto y la Ley Impositiva de Kicillof.

Uno de los puntos más delicados en este proceso es la incertidumbre que atraviesa a los actuales vicepresidentes, quienes no están dispuestos a renunciar sin la garantía de mantener su puesto tras el enroque. Actualmente, las vicepresidencias de la Cámara de Diputados están ocupadas por el PRO, con Adrián Urreli; el kirchnerismo, con Carlos "Cuto" Moreno; la UCR de Maxi Abad, con Alejandra Lordén; y el espacio de los libertarios, con Fabián Luayza.

Sin embargo, el escenario se complica por la creciente influencia del bloque de **La Libertad Avanza**, liderado por Agustín Romo, que este año se fusionó con el sector de Patricia Bullrich y la diputada Jazmín Carrizo. Con 12 diputados, esta bancada se ha consolidado como la tercera fuerza en la Cámara, detrás de Unión por la Patria y el PRO, lo que le otorga un peso específico en las negociaciones por los cargos legislativos. La distribución de las autoridades se definirá según la composición de cada bloque, lo que coloca a La Libertad Avanza en una posición clave.

La semana pasada, Romo participó de un encuentro con el ministro de Economía de la provincia, Pablo López, la vicegobernadora Verónica Magario y otras figuras de los bloques oficialistas. Durante este almuerzo, se discutieron aspectos del presupuesto provincial, aunque la convocatoria fue rechazada por sectores del PRO, la UCR y la izquierda. En ese mismo contexto, el legislador liberal Guillermo Castello generó polémica al calificar al periodista Rodolfo Walsh como "terrorista", lo que desató una fuerte reacción de otros bloques. Como resultado, se conformó una comisión para evaluar su accionar, aunque Castello se mantuvo firme en su postura, argumentando que su crítica era parte de una defensa de la libertad de expresión frente a lo que consideró un intento de censura.

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En medio de estos intercambios de poder, también se desarrollan negociaciones más amplias, como las vinculadas al **Presupuesto 2025** y la **Ley Fiscal Impositiva**, dos piezas clave para el gobierno de Kicillof. En estos temas, el peronismo necesitará del apoyo de sectores opositores, ya que para aprobar la ley fiscal y el endeudamiento, se requiere una mayoría calificada de dos tercios. Con 37 diputados de un total de 92 y 21 senadores sobre 46, Unión por la Patria está en una posición de buscar aliados fuera del oficialismo.

La semana pasada, la alianza entre Unión por la Patria y el bloque de los libertarios permitió aprobar cambios en la ley jubilatoria de los trabajadores del Banco Provincia, lo que generó fuertes críticas del PRO. Además, la legislatura bonaerense sancionó la ley RIGI, que incluye dos proyectos clave impulsados por Kicillof.

Mientras tanto, el debate sobre las reformas legislativas sigue avanzando. Este jueves, se convocó a un plenario de las comisiones de **Presupuesto** en ambas cámaras, con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, con el objetivo de llegar a acuerdos para que los proyectos puedan ser tratados en el recinto antes de que termine el período ordinario. La votación de estos proyectos está prevista para la segunda mitad de diciembre, cuando también se espera que se aceleren otros debates, como el de la **reforma electoral**. La implementación de la Boleta Única de Papel en el ámbito nacional y la posible eliminación de las PASO en el país son factores que suman incertidumbre al clima político bonaerense, cuyas decisiones podrían influir en la política a nivel nacional.

En resumen, el recambio de autoridades en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se configura como un complejo juego de poder entre diversos sectores del oficialismo y la oposición, con el horizonte puesto no solo en las negociaciones internas, sino también en los debates macroeconómicos y estructurales que marcarán el futuro de la política bonaerense y, por extensión, la nacional.