Avanza en Diputados el proyecto de ley para sancionar la alteración de escenas de crimen por funcionarios públicos

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que podría allanar el camino para que el Código Penal incorpore la "Ley Blas", una iniciativa que busca sancionar el delito de alteración de la escena de un crimen por parte de funcionarios públicos. La propuesta, impulsada por los familiares de Blas Correa, el adolescente asesinado por la Policía en 2020, establecería un agravante para aquellos que alteren pruebas o modifiquen la escena de un hecho delictivo con el fin de entorpecer una investigación y beneficiar a terceros o a sí mismos.

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El proyecto de ley fue presentado en mayo de este año por Soledad Laciar, madre de Blas, y la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, de Juntos por el Cambio, quien facilitó el acceso al Congreso. La propuesta tiene como objetivo principal endurecer las penas contra los funcionarios que alteren pruebas, alteren la escena del crimen o planten evidencia con la intención de ocultar delitos o proteger a los culpables. La iniciativa está inspirada en el caso del joven cordobés Blas Correa, quien fue asesinado durante un control policial, y cuyas pruebas fueron manipuladas por los ex policías involucrados en el hecho.

En el juicio por el crimen, la Cámara 8va. del Crimen, con jurado popular, condenó a 11 de los 13 policías implicados, entre ellos los cabos Lucas Gómez y Javier Alarcón, quienes recibieron sentencias a prisión perpetua por haber disparado contra Blas. Los otros nueve implicados fueron sentenciados a penas de entre 2 y 5 años por encubrimiento y abandono de persona, después de ser hallados culpables de plantar un arma de fuego para simular un enfrentamiento armado y justificar el asesinato.

El proyecto de ley fue inspirado por el crimen de Blas Correa, un adolescente que fue asesinado durante un control policial en 2020. El menor de edad había sido baleado por ex agentes, quienes habían plantado un arma en la escena para alimentar la hipótesis de un supuesto enfrentamiento.

El proyecto de ley propone penas de entre 4 y 12 años de prisión para aquellos funcionarios públicos que alteren pruebas o la escena de un crimen con el fin de obstruir una investigación. Además, se establecería la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública o seguridad privada. La propuesta también contempla medidas para sancionar a los uniformados que planten armas u otros elementos para alterar el curso de una investigación, y establece la figura del "Arrepentido" para aquellos que colaboren con la justicia, conforme a la ley 27.304.

Otro de los puntos clave del proyecto es la modificación de la normativa sobre el porte y tenencia ilegal de armas en miembros de fuerzas de seguridad, así como la creación de un programa progresivo de "desarme de la sociedad civil". Brouwer de Koning resaltó que la ley busca prevenir y erradicar la violencia institucional, destacando que el objetivo es restaurar la confianza de la sociedad en las fuerzas de seguridad.

Soledad Laciar, madre de Blas Correa, expresó su esperanza de que esta ley sirva para evitar que tragedias similares ocurran en el futuro. "Espero que la sociedad recupere la confianza en las fuerzas de seguridad y que la policía recupere el valor por la vida de la gente. Esta es una herramienta para que lo que ocurrió con mi hijo no vuelva a suceder", comentó durante la presentación del proyecto.

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En sus declaraciones, Laciar también reiteró su compromiso de seguir luchando por justicia no solo por su hijo, sino por todos los jóvenes víctimas de abusos policiales, pidiendo una policía en la que la ciudadanía pueda confiar y que, en lugar de generar miedo, brinde protección.