Tensión en el Ministerio de Justicia por despidos y retiro voluntario: ATE y el Gobierno profundizan el conflicto

El conflicto entre el Ministerio de Justicia y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) alcanzó un nuevo nivel de tensión tras el anuncio de despidos en la Dirección Nacional del Registro Automotor, a raíz de las medidas de fuerza contra el plan de retiros voluntarios impulsado por el gobierno para 2.200 trabajadores de la cartera.

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El plan de retiros, destinado a empleados contratados a través de la Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA), ha generado un fuerte rechazo dentro de ATE, que denuncia que se trata de "despidos encubiertos". El sindicato acusa al Ministerio de presionar a los trabajadores para que acepten la propuesta, que ofrece un pago de entre seis y 18 cuotas mensuales, en lugar de una indemnización por los años trabajados. Aquellos que rechacen el retiro, según el plan, se quedarían sin empleo a partir del 31 de diciembre, cuando ACARA termine de operar como empleador.

El conflicto se intensificó luego de que la Dirección del Registro Automotor, que está en paro parcial desde hace dos semanas, fuera calificada por el Ministerio de Justicia como una "medida ilegal y extorsiva" promovida por ATE, acusando que el paro causó "pérdidas millonarias para el Estado y daños irreparables a los ciudadanos". En respuesta, ATE convocó a una manifestación frente a la sede del Ministerio en el microcentro porteño, donde se manifestaron en contra de los recortes en la planta estatal y la presión ejercida sobre los trabajadores.

La medida la tomó el gremio estatal más combativo en rechazo a los retiros voluntarios abiertos para los empleados contratados a través del Ente Cooperador ACARA, por considerarlos "forzosos". El Ministerio de Justicia busca terminar con esa caja de financiamiento "paralela" y amenaza con echar a los que se suman a la medida de fuerza y "violen la ley laboral".

El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, ha defendido el plan de retiros como una medida voluntaria destinada a terminar con la contratación tercerizada de empleados a través de ACARA, una práctica que según las autoridades ha creado una "caja paralela" durante más de 40 años. Desde el Ministerio aseguraron que no se trata de despidos forzados y que aquellos empleados que cumplen con sus responsabilidades laborales no perderán su puesto, sino que se les ofrecerá una alternativa de recontratación.

Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), un gremio con una postura más conciliatoria, ha logrado establecer una mesa de diálogo con el Ministerio para garantizar la transparencia en el proceso de recontratación. Sin embargo, ATE, el gremio más combativo, mantiene una postura más confrontativa y denuncia prácticas de "extorsión" y "persecución" por parte del Ministerio. En una asamblea realizada en la sede del Registro Automotor, los empleados afiliados a ATE votaron continuar con el paro, rechazando la propuesta de un simple "quite de colaboración" y exigiendo una reunión con las autoridades para resolver la situación.

El Ministerio de Justicia, por su parte, continúa afirmando que está dispuesto a dialogar, pero bajo condiciones que no incluyan "extorsiones ni amenazas". En ese contexto, desde la cartera señalaron que están evaluando sanciones para aquellos trabajadores que no cumplan con sus horarios o que se ausenten sin notificación, aunque subrayaron que el derecho a huelga es respetado dentro del marco de la ley.

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El conflicto, que ya lleva más de dos semanas, ha puesto en evidencia las tensiones entre el gobierno y los gremios estatales, especialmente en un contexto donde las autoridades buscan reformar estructuras burocráticas y optimizar los recursos del Estado. Mientras ATE mantiene su rechazo a las políticas del gobierno, el Ministerio de Justicia sigue adelante con sus propuestas de reordenamiento, asegurando que se buscará garantizar la continuidad de los empleados que se ajusten a las nuevas condiciones laborales.