El sector eléctrico, agujero negro del energético

En las tradicionales jornadas de análisis y prospectiva energética que organiza el IAE Mosconi, los especialistas que debatieron la actualidad y el rumbo del sector fueron enfáticos en las buenas noticias que la industria del petróleo y gas iba a seguir dando a partir del desarrollo intensivo de Vaca Muerta.

Pero también se encargaron de subrayar los serios problemas que atraviesa la industria eléctrica, con urgencias y pronósticos de fallas si el verano es caliente, y con la mochila de plomo de reconstruir un mercado después del estropicio que llevó adelante el populismo energético.

Hay que proceder a la reorganización industrial del mercado eléctrico con el cronograma y la secuencia necesaria para que los cortes de luz y la calidad del servicio dejen de ser noticia. Las condiciones de largada para reconstruir el mercado ya no son las de los años 90, y hay que recordar la metáfora de Heráclito: "Nadie se baña dos veces en el mismo río".

Metáfora sobre el devenir de la realidad y sobre las particularidades de cada cambio que lo vuelven único e irrepetible. Antes del cambio de los 90 el sector eléctrico argentino estaba integrado verticalmente, y tenía una presencia excluyente de empresas del estado que canalizaban inversiones públicas con tarifas que no recuperaban costos. Los déficits de las empresas impactaban en las cuentas públicas.

La privatización de las empresas fue concomitante con la desregulación del mercado. Con la ley 24065 se procedió a la desintegración vertical de la industria (unbundling) y a la conformación de un mercado mayorista donde interactuaban generadores con grandes usuarios y distribuidores, vinculados por un sistema de transporte troncal y regional (SADI). El despacho físico y económico tomaba como referencia un precio mayorista eléctrico que reflejaba los costos marginales de generar electrones. A las tarifas finales se trasladaban precios estacionales para amortiguar la variabilidad.

Las tarifas reguladas de transporte recuperaban costos operativos, y las ampliaciones del sistema dependían de la inversión privada y del financiamiento con fondos provenientes de cargos de congestión. Las distribuidoras recibían una tarifa que remuneraba su base de inversión y los costos operativos, y eran responsables de las inversiones para ampliar el sistema y mantener una calidad del servicio, o responder con multas por la energía no suministrada.

La organización del mercado de los 90 funcionó, y su operación fue planteando la necesidad de algunos ajustes: en las ampliaciones de transporte troncal las señales de mercado llegaban tarde y los cargos de congestión no alcanzaban para financiar las nuevas obras. La contractualización del mercado era baja, lo que impedía la articulación de contratos aguas arriba (entre generadores y productores de gas natural).

Había restricciones de acceso al mercado mayorista, con un rol restringido para los comercializadores. Tampoco había una planificación orientativa de la evolución del sector, ni estándares de calidad comparados dentro de las reglas de mercado. Por eso, cuando cae la convertibilidad y estalla el sistema de precios, la transición se hace traumática, peor sin la previsión de un mecanismo de tarifa social. Pero ante el desafío de mejorar, el populismo fue cambiando todo para asfixiar y destruir el mercado. Su reconstrucción depende ahora de: 1) Fijar un rumbo consistente y una estrategia de largo plazo; 2) Recomponer las señales de precios y tarifas; 3) Reparar el funcionamiento institucional.

El artículo 161 de la ley 27742 (Ley de Bases) da algunas pautas del rumbo a seguir. El objetivo es el funcionamiento competitivo y eficiente del mercado con un rol excluyente para la inversión privada. Tras ese objetivo hay que proceder a la liberación secuencial de franjas de demanda a la libre comercialización (empezando por los grandes usuarios), permitir el acceso a la modalidad de contratos libres para nuevos emprendimientos, traspasar PPA (contratos de venta a CAMMESA) a algunas distribuidoras, y potenciar el rol de los comercializadores para dar opciones a los usuarios cautivos, incorporando tecnología de medición inteligente para promover la interacción de oferta y demanda.

Respecto a los precios hay necesidad de volver a un precio mayorista único que remunere el costo medio total de la oferta (con despacho físico marginal), y aprovechar la revisión tarifaria integral para terminar con el galimatías de la segmentación por ingreso y bloque de consumo. Una sola tarifa residencial y una tarifa social focalizada en quienes la necesitan con límites de consumo subsidiado. Los costos de la generación se beneficiarán con un precio de gas doméstico a la baja por el desarrollo masivo de los recursos de Vaca Muerta. Hay inversiones en transporte que no pueden demorar y puede que requieran algún financiamiento público.

Las otras inversiones habrá que emprenderlas con iniciativa privada, concesiones a 20 años, modalidad contractual BOT (construir, operar y transferir al final de la concesión) y repago a repartir entre generadores y demanda. CAMMESA debe volver a su rol de comercializador mayorista organizando las transacciones para asegurar un despacho seguro y económico. Hay que analizar la conveniencia de integrar los despachos físicos de electricidad y gas, y hay que proceder a la unificación de los entes reguladores (artículo 162 de la ley de Bases). Tomará un tiempo, pero un sector eléctrico recapitalizado se sumará a un sector energético pujante.