La Cámara Federal de Casación anuló su propio fallo e investigará los pagos de Ángelo Calcaterra como posible sobornos

Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, deberá seguir enfrentando cargos penales en la causa conocida como "Cuadernos", vinculada al dinero entregado al ex funcionario Roberto Baratta y registrado en los famosos anotadores de Oscar Centeno.

La Cámara Federal de Casación, en una decisión dividida, anuló su propio fallo anterior del 19 de junio, que había dispuesto que las acusaciones contra el empresario de IECSA fueran analizadas en la justicia electoral como presuntos aportes ilegales de campaña.

Esta nueva resolución también afecta a otros empresarios, como Hugo Dragonetti, Jorge Balán y Armando Loson, quienes buscaban un destino similar para sus causas.

El cambio en la postura judicial se produjo tras una apelación de la fiscalía liderada por Raúl Pleé, junto a la fiscal Fabiana León, y la Unidad de Información Financiera (UIF), que no había sido notificada del fallo anterior.

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La defensa de Calcaterra había solicitado que el caso pasara al fuero electoral, aunque argumentó que, de cualquier manera, el empresario estaría involucrado en el juicio oral a través del expediente denominado "la Camarita".

En su fallo, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña destacaron que la querella introdujo "elementos novedosos no invocados oportunamente que remiten a cuestiones de hecho y prueba que hacen aparecer aquí la necesidad de que sean ventiladas en el debate".

Esta decisión revierte una polémica medida tomada en junio, cuando Calcaterra se convirtió en el primer empresario arrepentido en quedar fuera del juicio oral por los pagos registrados en los cuadernos.

La resolución también benefició en su momento a Javier Sánchez Caballero, colaborador cercano de Calcaterra, detenido en esta causa. Ahora, Casación ordenó al Tribunal Oral Federal 7 acelerar el juicio oral, donde también están acusados la expresidenta Cristina Kirchner y exfuncionarios de su gobierno.

Camaristas. Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques anularon el fallo que beneficiaba a Calcaterra.

En su defensa, los empresarios habían argumentado que el dinero entregado a Roberto Baratta era para financiar campañas políticas, un requisito impuesto para avanzar con proyectos de obra pública.

Aunque este planteo fue rechazado en la justicia penal, sí obtuvo cierto respaldo en el fuero electoral, donde el fiscal Ramiro González y la jueza María Servini habían reclamado los expedientes. Sin embargo, esta nueva decisión de Casación impide que otros tres empresarios sigan ese camino.

El fallo generó un fuerte debate. El Tribunal Oral Federal 7 criticó duramente a Casación, y el fiscal Pleé solicitó la nulidad de la sentencia, argumentando que no se notificó adecuadamente a la querella de la UIF. En este contexto, los jueces Petrone, Barroetaveña y Carlos Mahiques escucharon las nuevas apelaciones.

La UIF presentó declaraciones de arrepentidos como Ernesto Clarens y evidencia que, según indicó, permite descartar la hipótesis de aportes de campaña. "De esta evidencia que nutre la investigación, se [advertiría] que la hipótesis de acusación en punto a que los pagos eran efectuados evidentemente para beneficiarse de las licitaciones de obra pública es más que razonable y consistente para que la plataforma fáctico jurídica se ventile definitivamente en el debate", subrayó el abogado Mariano Ezeyza.

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Petrone y Barroetaveña coincidieron en que "el debate oral y público es el ámbito natural de discusión donde plantear las cuestiones de hecho y prueba". Señalaron además que las críticas de la defensa no lograron refutar los argumentos presentados por los acusadores.

Por su parte, el juez Carlos Mahiques expresó una opinión disidente. Defendió el fallo anterior y criticó lo que llamó "oportunismo procesal" por parte de la fiscalía. Según Mahiques, el Ministerio Público no logró demostrar un agravio real por la falta de notificación a la UIF y argumentó que los reclamos de la querella no aportaban novedades significativas.

También cuestionó el papel de la Cámara Electoral, que había concluido previamente que Calcaterra no realizó aportes de campaña al kirchnerismo. Mahiques calificó como "controvertibles" algunas de las afirmaciones de este tribunal, alegando que excedieron su competencia revisora.

En resoluciones paralelas, Casación también rechazó los planteos de otros empresarios que buscaban trasladar sus causas al fuero electoral, consolidando así su postura de que las acusaciones deben resolverse en el juicio penal.