02/12/2024

Política

La Auditoría General de la Nación en riesgo por la falta de consenso en el Congreso

Fue advertido días atrás por el presidente de la bicameral mixta Revisora de Cuentas, el diputado Miguel Pichetto. Si ocurre eso, sólo quedará activo el titular del organismo que escanea el uso de recursos públicos, el kirchnerista Juan Manuel Olmos

La Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano encargado de controlar el uso de los recursos públicos, podría enfrentar serios problemas en 2025 si el Congreso no logra un acuerdo para designar a los representantes de Diputados y del Senado. El escenario, tal como advierte el diputado Miguel Pichetto, presidente de la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, plantea la posibilidad de que el organismo se quede en manos de su actual presidente, Juan Manuel Olmos, sin el respaldo de un pleno completo.

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Según Pichetto, el próximo periodo legislativo, entre marzo y abril de 2025, se presentará como una oportunidad crucial para que ambas cámaras del Congreso elijan a los auditores de la AGN. En particular, el mandato de los auditores designados por el Senado vencería en ese lapso, lo que obliga a una renovación de los cargos. Sin embargo, el proceso de selección, que debe ser realizado de manera conjunta por Diputados y Senadores, está lejos de ser sencillo.

La AGN, creada en 1992 por la ley 24.156, es un pilar en la vigilancia de la administración pública. Su importancia se destacó aún más en 1994, cuando la reforma constitucional le otorgó un rango especial al incluirla en el artículo 85 de la Constitución, estableciendo su autonomía funcional y su vinculación con el Congreso. No obstante, la normativa que regula la designación de sus auditores nunca fue completamente actualizada, lo que genera tensiones entre los marcos legales que rigen el organismo.


Fue advertido días atrás por el presidente de la bicameral mixta Revisora de Cuentas, el diputado Miguel Pichetto. Si ocurre eso, sólo quedará activo el titular del organismo que escanea el uso de recursos públicos, el kirchnerista Juan Manuel Olmos

De acuerdo con la Constitución, el presidente de la AGN debe ser propuesto por el partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Mientras tanto, la ley 24.156 establece que los otros seis auditores deben ser elegidos entre las dos cámaras, con una distribución basada en la representación de la mayoría, la primera minoría y la segunda minoría. Los auditores tienen un mandato de ocho años y deben cumplir con requisitos estrictos, como ser argentinos, tener título universitario en Derecho o Ciencias Económicas y contar con experiencia en administración financiera y control.

El fracaso del Congreso para designar a sus representantes en la AGN en 2024, debido a la falta de consenso entre los bloques de la Cámara de Diputados, pone en evidencia las dificultades para alcanzar acuerdos políticos. A pesar de los intentos por parte del oficialismo y la oposición, no se pudo llegar a un entendimiento, lo que dejó vacantes los puestos correspondientes.

Ahora, con el Senado en una situación similar, se plantea una carrera contra el tiempo. Según fuentes con experiencia en el Congreso, la solución podría pasar por un acuerdo entre los bloques más importantes, lo que permitiría definir a los tres representantes de la Cámara Alta: uno para el kirchnerismo, otro para el radicalismo y el tercero para el PRO. Sin embargo, la composición ajustada de las fuerzas en el Senado - con siete legisladores del PRO, seis de La Libertad Avanza y cinco de Provincias Unidas - hace que cualquier intento de negociación sea sumamente delicado.

Con el tiempo en contra y las tensiones políticas cada vez más marcadas, el futuro de la AGN depende de la capacidad del Congreso para superar sus divisiones y cumplir con la ley, asegurando la plena funcionalidad de este organismo clave para el control de los fondos públicos.

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Si no se logra un acuerdo en los próximos meses, la situación podría derivar en una crisis institucional que afectaría la confianza en el sistema de control público, dejando a la AGN sin los recursos necesarios para cumplir su rol fundamental.

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