El Ministerio de Capital Humano reincorpora comedores comunitarios a un programa social tras un fallo judicial

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, cumplió con una orden judicial y reincorporó a 66 comedores comunitarios administrados por la organización El Amanecer de los Cartoneros al Programa Alimentar Comunidad. Esta decisión fue tomada luego de un fallo del juez federal en lo contencioso administrativo, Enrique Lavié Pico, quien había dado un plazo de 72 horas hábiles al ministerio para cumplir con la inclusión de estos espacios que pertenecen a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

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La orden judicial fue emitida en el contexto de un amparo presentado por la UTEP y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que desde febrero vienen enfrentando al Gobierno por la exclusión de comedores y merenderos comunitarios gestionados por movimientos sociales y organizaciones piqueteras.

El ex precandidato presidencial y dirigente social Juan Grabois celebró la reincorporación de los comedores a través de sus redes sociales, donde destacó que esta medida, aunque tardía, representaba "una pequeña victoria" y un "gesto de justicia en un mar de crueldad". Además, expresó que podría ser un punto de partida para que el Gobierno dé marcha atrás en lo que considera una "destrucción de la política alimentaria" y retome el abastecimiento a los comedores.

La orden, que fue dictada por el juez Enrique Lavié Pico, reincorpora a los lugares vinculados a El Amanecer de los Cartoneros.

Por su parte, fuentes oficiales del Ministerio de Capital Humano defendieron la resolución tomada, explicando que de los 77 comedores solicitantes, 66 fueron finalmente incorporados al programa, ya que 11 de ellos no existían. También aclararon que, en lugar de entregar alimentos directamente, el programa transfiere fondos a los comedores una vez validados y que estos deben rendir cuentas sobre los gastos.

A raíz de este proceso, los funcionarios del ministerio rechazaron las acusaciones de difamación y defendieron el accionar del Gobierno, asegurando que la gestión es eficiente y se ajusta a la ley. Además, reiteraron que el programa busca asegurar la transparencia y evitar la tercerización que caracterizaba a los gobiernos anteriores.

El conflicto se inscribe dentro de las críticas de las organizaciones sociales al actual gobierno de Javier Milei, que, según la UTEP y el CELS, está implementando un plan de "miseria planificada" que afecta las políticas sociales. En respuesta, el Gobierno ha defendido su gestión, resaltando que ha ejecutado más del 80% del presupuesto destinado a políticas alimentarias y destacando medidas como la ampliación de la cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar.

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Este enfrentamiento también involucra otras decisiones judiciales, como la orden emitida por el juez Walter Lara Correa a finales de octubre, que instó al Gobierno a garantizar el acceso a alimentos para sectores vulnerables. Aunque se han dado varias resoluciones judiciales, el Gobierno ha apelado algunas de ellas, llevando el caso a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo.

En este contexto, Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, destacó que la resolución judicial y la reincorporación de los comedores al Programa Alimentar Comunidad representan "solo el comienzo" de una lucha para combatir el hambre y fortalecer la organización comunitaria, que juega un papel clave en la lucha contra el narcotráfico en los barrios populares.