El Gran Botín: Empresas al Acecho de las Tierras Indígenas.

La reciente derogación de la Ley 26.160, firmada por el presidente Javier Milei, marca un nuevo capítulo en el largo proceso de despojo territorial que enfrentan los pueblos originarios en Argentina. Esta ley, que suspendía los desalojos de las comunidades indígenas hasta completar un relevamiento territorial, representaba la única barrera legal que protegía los derechos ancestrales de estos pueblos. Su eliminación no solo implica un despojo directo de las tierras indígenas, sino también la apertura de una puerta a los intereses económicos de grandes corporaciones nacionales e internacionales.

Desde los primeros días de la colonización, los pueblos originarios han sido víctimas de despojos, violencia y políticas de invisibilización que han marcado su historia de manera indeleble. A lo largo de los siglos, estos pueblos, guardianes ancestrales de las tierras que habitan desde tiempos inmemoriales, han enfrentado el maltrato sistemático y la discriminación de los distintos estamentos del Estado y los gobiernos. Desde la llegada de los conquistadores europeos, quienes no solo les arrebataron sus territorios sino que también intentaron exterminar sus culturas, hasta los gobiernos nacionales que, lejos de reconocerles sus derechos, han promovido políticas de despojo y marginación. Las tierras ancestrales fueron entregadas a grandes terratenientes, las lenguas originarias fueron relegadas al olvido, y las costumbres y rituales fueron perseguidos y criminalizados. Sin embargo, los pueblos originarios han resistido durante generaciones, manteniendo viva su memoria, su identidad y su vínculo profundo con la tierra. Hoy, en una nueva etapa de la historia de Argentina, el futuro de estos pueblos se ve amenazado una vez más, esta vez por la derogación de la Ley 26.160, que desde 2006 protegía a las comunidades indígenas de los desalojos forzosos.

El gobierno de Javier Milei, en su afán por implementar un modelo económico ultraliberal, ha dejado clara su intención de desmantelar este pilar fundamental de la justicia territorial. En su discurso, la ley ha sido tildada de obstáculo para el desarrollo económico y de carga innecesaria. Pero detrás de estas palabras se esconde una realidad más cruda: la de un país que, a lo largo de la historia, ha despojado progresivamente a sus pueblos originarios de lo único que tienen: la tierra. Al esta ley ser derogada, se abre la puerta a un despojo aún mayor, un golpe devastador para comunidades que ya han sido desplazadas, olvidadas y cuyos sufrimientos han sido sistemáticamente ignorados.

En un contexto ya de por sí adverso, el gobierno también planea eliminar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el cual ha jugado un papel fundamental en la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo comunitario, sanitario, educativo, y a la protección del acceso a la tierra y la preservación de las identidades culturales indígenas. En 2023, el INAI gastó 1907 millones de pesos, pero sus funciones pasarán ahora al Ministerio de Justicia, una medida que refuerza el desmantelamiento de las estructuras que apoyan a los pueblos originarios.

¿Quiénes se Benefician?

Según el artículo publicado por la agencia de noticias Tierra Viva, titulado "Javier Milei y su guerra contra los de abajo", el 13 de diciembre de 2024, el principal beneficiario de esta derogación son las grandes empresas extractivistas, agroindustriales y fondos de inversión que buscan acceder a vastos territorios ricos en recursos naturales. Entre los sectores más favorecidos se encuentran:

• Empresas Extractivistas: Las mineras como Barrick Gold, Glencore, Río Tinto y Livent, interesadas en las riquezas minerales de los territorios indígenas, y las petroleras como Vista Oil & Gas y Pan American Energy, que desean explorar nuevos yacimientos en estos territorios. Asimismo, las empresas forestales que explotan los bosques para establecer plantaciones industriales también se beneficiarán de este cambio.
• Corporaciones Agroindustriales: Multinacionales como Bayer-Monsanto y Syngenta, que buscan expandir sus actividades en áreas aptas para el monocultivo de soja y otros cultivos industriales. Grandes grupos locales como Molinos Agro, propiedad de la familia Pérez Companc, también se beneficiarán de este nuevo escenario.
• Fondos de Inversión: Inversionistas globales como BlackRock y Vanguard, que financian proyectos extractivos y agrícolas, con un enfoque de alta rentabilidad a corto plazo, son actores clave en este proceso de despojo.
• Empresarios Locales: Magnates argentinos, como Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Paolo Rocca (Techint), celebran la liberación de tierras para el desarrollo de sus negocios en sectores como la energía y la minería.

El Problema de Fondo

La Ley 26.160 fue diseñada como un freno a los intereses privados y estatales que pretendían apropiarse de las tierras que las comunidades indígenas ocupan desde tiempos inmemoriales. En este contexto, la eliminación de esta ley significa una agresión directa a los derechos territoriales, tan esenciales para la supervivencia cultural de los pueblos originarios. Según Amnistía Internacional, la protección de los derechos territoriales no es solo una cuestión moral, sino un compromiso internacional de derechos humanos, la derogación de esta ley no solo representa un retroceso a nivel nacional, sino también una violación de los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

El argumento del gobierno es que las tierras ocupadas por estas comunidades generan "inseguridad jurídica" y obstaculizan el desarrollo económico del país. Sin embargo, esta medida tiene un objetivo claro: facilitar el acceso de corporaciones a los territorios indígenas para explotar sus recursos naturales, sin considerar el costo social y cultural para las comunidades originarias.

Este acto viola compromisos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios y recursos. Además, agrava la deuda histórica del Estado argentino con las comunidades indígenas, que desde la conformación del país han sufrido desplazamientos y marginalización sistemática.

Consecuencias Socioeconómicas y Ambientales

La derogación de la ley traerá consigo varias consecuencias graves para las comunidades indígenas, la sociedad en general y el medio ambiente:

• Despojo Territorial: Las comunidades perderán el acceso a sus tierras ancestrales, lo que afectará profundamente su subsistencia, su cultura y su identidad.
• Daño Ambiental: Las actividades extractivas, como la minería, la explotación petrolera y la expansión agroindustrial, acelerarán la deforestación, la contaminación de suelos y ríos, y contribuirán al cambio climático, alterando ecosistemas y generando un impacto irreversible.
• Desigualdad Social: Mientras las grandes corporaciones y grupos empresarios acumulan ganancias, las comunidades indígenas verán aumentada su pobreza y exclusión social. El despojo territorial perpetuará la desigualdad en el país, reforzando un modelo de desarrollo económico que solo beneficia a una élite.
• Dependencia Económica: La política extractivista refuerza un modelo económico que depende de la explotación de recursos naturales, generando riqueza a corto plazo pero dejando a Argentina vulnerable a los intereses de corporaciones extranjeras. Este modelo perpetúa la dependencia y vulnerabilidad del país ante el capital internacional.

Este ataque contra los derechos indígenas no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de desmantelamiento de derechos fundamentales bajo el gobierno de Milei. En su administración, al menos doce derechos fundamentales han sido perdidos o debilitados, afectando a sectores vulnerables que ven cómo el Estado, lejos de ser garante de sus derechos, se convierte en un actor que socava su bienestar. Estos son algunos de los derechos que han sido debilitados o eliminados en los últimos meses:

1. Derecho a la vivienda digna: La eliminación de programas sociales ha dejado a miles de personas en situación de calle.
2. Derecho a la salud: Recortes masivos en el presupuesto de salud han reducido el acceso a tratamientos esenciales.
3. Derecho a la educación: La privatización de instituciones educativas está excluyendo a sectores vulnerables del sistema.
4. Derecho al trabajo digno: La flexibilización laboral ha precarizado aún más el mercado laboral.
5. Derecho a la igualdad de género: La derogación de políticas de equidad ha reforzado la brecha de género.
6. Derecho al medio ambiente sano: El fomento de actividades extractivistas sin controles ha devastado ecosistemas clave.
7. Derecho a la protesta: Las nuevas leyes de seguridad criminalizan la movilización social.
8. Derecho a la justicia: El debilitamiento de organismos de derechos humanos limita el acceso a la justicia para víctimas de abusos.
9. Derecho a la alimentación: El aumento de la pobreza extrema y la inflación galopante han recrudecido el hambre en el país.
10. Derecho a la seguridad social: Los recortes a las jubilaciones y pensiones afectan a los sectores más vulnerables.
11. Derecho a la diversidad cultural: La desaparición de programas de apoyo a comunidades indígenas y afrodescendientes amenaza su supervivencia cultural.
12. Derecho a la privacidad: La implementación de tecnologías de vigilancia masiva plantea serias preocupaciones sobre el uso indebido de datos personales.

Un Retroceso en Derechos Humanos

Esta derogación refleja una agenda política que prioriza los intereses económicos de unos pocos sobre los derechos humanos y ambientales de las mayorías. Como lo ha destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como "Comunidad Lhaka Honhat vs. Argentina", los derechos territoriales de los pueblos indígenas son fundamentales para su supervivencia cultural y deben prevalecer frente a los intereses privados.

La derogación de la Ley 26.160 no solo es una cuestión de tierras; es un reflejo de un modelo de país que sacrifica la justicia social, la equidad y la sostenibilidad para beneficiar a grandes capitales. Las comunidades indígenas, que han resistido durante siglos a la colonización y el despojo, vuelven a estar en la primera línea de una lucha por la tierra, la dignidad y el futuro de sus generaciones.

Amnistía Internacional advierte con firmeza que "los derechos humanos no son una concesión del Estado, sino un compromiso ineludible con la dignidad humana". Y es esta dignidad la que se encuentra en juego en este momento. Las comunidades indígenas, que han sido los custodios de la tierra mucho antes de la conformación del Estado argentino, están siendo despojadas una vez más de sus derechos, en un proceso que amenaza con borrar su existencia misma. La lucha por la justicia y la igualdad, por la memoria y la cultura, no es una lucha abstracta. Es una lucha por la vida.

Frente a este escenario, la resistencia no es una opción, sino una necesidad urgente. Las comunidades indígenas, los académicos, las organizaciones sociales y la sociedad en general deben alzar sus voces contra un modelo que despoja, explota y olvida. Como bien señala Amnistía Internacional, los derechos territoriales son un pilar fundamental del derecho internacional de los derechos humanos, y su protección no solo es un acto de justicia, sino una obligación moral.

Es hora de reafirmar el compromiso con los derechos universales, de proteger a aquellos que han sido invisibilizados durante siglos, y de recordar que, sin la memoria de los pueblos originarios, nuestra identidad nacional queda incompleta. Este es un momento crucial en la historia de Argentina. El futuro de los pueblos originarios, y el respeto a su dignidad, dependen de las decisiones que tomemos hoy. La lucha por la justicia, por la memoria y por la tierra es también la lucha por un futuro más justo para todos.