09/01/2025
Luego de agotar todas las instancias judiciales y de diálogo, se hizo efectivo la disposición del juez federal de Esquel para retirar a las personas que habitan la zona de El Maitenal desde el 2020. El gobernador Ignacio Torres destacó que lograron la liberación del predio de manera pacífica.
Fue el resultado de una extensa batalla judicial que terminó con la sentencia firme de la Justicia, lo que permitió la intervención de las Fuerzas Federales.
Este
jueves desalojaron a un grupo mapuche que usurpaba parte del parque nacional
Los Alerces, en Chubut, desde 2020, encabezados por Cruz Cárdenas, acusado de
haber causado incendios que destrozaron miles de hectáreas en el área protegida
en los últimos años.
El
operativo, a cargo de la Policía Federal Argentina, marcó un hito al ser el
primer desalojo en 18 años con el objetivo de restaurar el orden en la zona.
Fue
el resultado de una extensa batalla judicial que terminó con la sentencia firme
de la Justicia, lo que permitió la intervención de las Fuerzas Federales.
El
desalojo se concretó en colaboración con la Vicejefatura de Gabinete del
Interior y la Administración de Parques Nacionales, bajo estrictos protocolos
de seguridad, coordinado por la Policía Federal, por ser un Parque Nacional,
con el acompañamiento de la Policía del Chubut.
El
presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, destacó en su cuenta de X:
"Cuando asumimos nuestra gestión dijimos que ninguna otra bandera que la
argentina iba a flamear en los Parques Nacionales. Hoy lo cumplimos: acabamos
de recuperar la seccional El Maitenal del PN Los Alerces que Cruz Cárdenas y su
séquito autoproclamado mapuche usurpaban desde 2020. Dentro de la ley, todo;
fuera de la ley, nada".
El
gobernador, Ignacio "Nacho" Torres, destacó que lograron la liberación del
predio de manera pacífica y cuestionó a quienes se "auto perciben originarios".
"Este
es el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la que en
Argentina reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada", afirmó la
ministra de Seguridad Patricia Bullrich y advirtió a las agrupaciones que
ocupan tierras públicas que "el que usurpa pierde derechos".
Desde
el Gobierno se indicó que "la ocupación de estas tierras generó múltiples
inconvenientes, entre ellos ataques físicos al personal de la Administración de
Parques Nacionales y un grave perjuicio al derecho de la propiedad del Estado
Nacional". El Gobierno justificó su decisión de no prorrogar la Ley Nº26.160 de
emergencia territorial indígena, argumentando que su continuidad afectaba el
orden legal y la propiedad estatal.
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