María Julia Cordero asume la dirección de la ANAC

María Julia Cordero será la nueva administradora de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) renunciando a sus tareas como auditora, decisión que fue tomada por el Gobierno nacional y que se publicó este jueves dentro del Decreto 14/2025 a través del Boletín Oficial.

Como administradora del ANAC, dentro del área de la Secretaría de Transporte, "ejercerá las funciones de reglamentación, fiscalización, control y administración de la actividad aeronáutica civil como única Autoridad Aeronáutica Nacional".

Cordero, el 12 de julio del año pasado, en el marco de la desregulación del mercado aerocomercial, había sido designada como interventora de la Administración Nacional de Aviación Civil, a partir de la modificación del código aeronáutico. En este sentido, el decreto 606/2024, en el cual se hacía oficial la intervención, la ponía frente a las tareas del organismo, dentro del plazo de 180 días.

En aquel entonces, indicaron que: "Se designó Interventora a la doctora María Julia Cordero, a quien se le encomendó una serie de acciones tendientes a relevar el estado de situación y promover una reorganización funcional que permita el adecuado cumplimiento de la misión institucional".

Unos días previos a que concluya su función y según lo pactado en el lapso de tiempo mencionado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo la designó "en el cargo de Administradora Nacional de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), a partir del 8 de enero de 2025".

La decisión llega en un momento clave, apenas una semana antes de la llegada de una misión de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que auditará a la ANAC en el marco de su Programa Universal de Auditorías para la Seguridad Operacional (USOAP). La misión se instalará en el Aeroparque Jorge Newbery y evaluará los cambios implementados tras un diagnóstico crítico realizado antes de la intervención.

En dicho informe, se identificaron graves deficiencias operativas y administrativas, así como presuntos actos ilegales que comprometían la seguridad de la aviación civil. Además, se destacaron problemas en la gestión de recursos y una estructura sobredimensionada que impactaba negativamente en el desempeño del organismo.