Masacre de San Miguel del Monte, el espejo de la corrupción

Un jurado popular declaró culpables a cuatro policías por haber sido responsables de lo que se denominó la "Masacre de San Miguel del Monte", en la que murieron cuatro jóvenes que chocaron con un auto cuando eran perseguidos a los tiros en mayo del 2019.

La investigación posterior reveló que la policía había disparado contra el automóvil en el que viajaban Danilo Sansone, Camila López, Gonzalo Domínguez, Aníbal Suárez y Rocío y que los oficiales habían modificado la escena del accidente para encubrir su responsabilidad en el episodio. Estos hallazgos desataron una fuerte indignación en la sociedad argentina, que exigió justicia y el esclarecimiento de los hechos.

Rocío Quagliariello, la única sobreviviente de la masacre, aseguró que aquel día iban paseando "y de la nada" los empezaron a perseguir los policías, y recordó la súplica de uno de sus amigos que se tomaba la rodilla y gritaba "me arde, me arde".

"Es una mezcla de sentimientos, entre la bronca y el dolor, por perder a mis amigos, me siento vacía", expresó Rocío recordando la persecución policial en la cual sufrió heridas graves en un brazo y en ambas piernas y recién fue dada de alta 25 días después del hecho.

El jurado compuesto por 12 personas consideró culpables a los efectivos de la Policía Bonaerense, Rubén García, Manuel Monreal y a Leonardo Ecilapé por el delito de "homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego", y Mariano Ibáñez por "tentativa de homicidio agravado".

Previo a la lectura, se leyeron unas reflexiones sobre el sistema adoptado: "La paz social es una responsabilidad colectiva. En el día de hoy el pueblo se ha expresado, adoptando decisión sobre este caso. Los invito a recibirla con respeto teniendo muy especialmente en consideración la soberanía popular y el derecho subjetivo de los ciudadanos. El juicio por jurados es un símbolo de la democracia participativa".

La decisión del jurado se demoró más de lo previsto. No fue sencillo para los 12 ciudadanos "legos" determinar la culpabilidad o inocencia de los cuatro policías acusados. Menos aún establecer los grados de culpabilidad. Rubén García y Leonardo Ecilape fueron declarados "culpables" por unanimidad del delito de "homicidio agravado por abuso de su función policial y uso de arma de fuego" por la muerte de los cuatro chicos.

Ese delito prevé una pena de prisión perpetua. Mientras que Manuel Monreal y Mariano Ibáñez fueron condenados por mayoría de 10 votos sobre 12 por el delito de "tentativa de homicidio agravado por uso de arma de fuego y abuso de su función policial".

Este trágico incidente puso en evidencia la problemática de la violencia policial en Argentina y ha generado una pregunta, gatillo fácil: ¿Un arma de doble filo? diferentes posturas sobre el tema han dividido a la sociedad generando distintos paradigmas que los medios de comunicación han puesto en sus agendas. Bajo esta premisa es importante entender que no solo se encuentran englobados bajo esta categoría aquellos hechos en los que se utiliza un arma de fuego, sino también todas aquellas muertes o daños graves causados por un policía de forma ilegal.

La falta de capacitación y profesionalismo en las fuerzas de seguridad, también demostró la necesidad de avanzar en políticas de reforma policial y en la implementación de mecanismos efectivos de control y supervisión en la actuación de los agentes. El caso de San Miguel del Monte generó un fuerte debate público sobre la necesidad de redefinir el rol de la policía en la sociedad y de establecer políticas que promuevan el respeto a los derechos humanos y la protección de la ciudadanía.

En los últimos años, se ha registrado un aumento de muertes causadas por las distintas fuerzas en Argentina, lo que ha generado preocupación en toda la sociedad. Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el primer semestre de 2021 se registraron al menos 24 personas muertas a manos de la policía en todo el país. Además, el informe señala que la mayoría de los casos ocurrieron durante operativos de seguridad, con el uso de armas de fuego por parte de los oficiales.

Uno de los primeros casos en tomar estado público fue el de la denominada "Masacre de Budge" que tuvo lugar el 8 de mayo de 1987. Se trata de un caso en el que intervinieron tres agentes de la Policía Bonaerense y resultaron muertos 3 jóvenes. Este caso fue el precursor en desatar la organización de todo un barrio para denunciar la política represiva policial. Pero ha habido otros hechos donde el gatillo fácil fue la consecuencia de la violencia institucional.

En agosto de 2021 fue condenado a prisión perpetua el cabo segundo Pablo Miguel Brites por el asesinato del joven Cristopher Rego. El hecho ocurrió en 2018, cuando Rego fue acribillado por la espalda por seguir de largo en un supuesto control vehicular, en Parque Patricios.

El caso de gatillo fácil del agente Luis Chocobar fue uno de los más recordados por ser símbolo de la política represiva durante el gobierno de Cambiemos. La Justicia condenó, en mayo de 2021, al agente de la Policía de la Ciudad a dos años y medio de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación por el asesinato de Juan Pablo Kukoc, de 18 años.

En diciembre de 2019 llegó la condena a 16 años de prisión para el ex policía de la Metropolitana, Ricardo Ayala, por haber baleado a Lucas Cabello. La víctima fue atacada por la policía en noviembre de 2015, frente a su casa del barrio de La Boca. El Tribunal lo sentenció por "intento de homicidio agravado por el uso de arma y por su condición de funcionario policial". Como resultado de los disparos de Ayala, Cabello quedó cuadripléjico.

Esta situación ha generado críticas y denuncias contra la policía, quienes a menudo son acusados de abuso de poder y uso excesivo de la fuerza en su trabajo. Las organizaciones de derechos humanos han señalado la falta de control y supervisión de las fuerzas de seguridad por parte del Estado, así como la impunidad en la que quedan muchos de estos casos, ya que la justicia a menudo da prioridad a la versión de los agentes y no investiga a fondo la situación.

Lee mas: Claustrofobia: un mundo diseñado para encerrar

Carla Lacorte, integrante el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y referente del PTS desde el año 2000 considera: "Esta nueva escalada muestra claramente que no se trata de "algunos policías descarriados" sino de toda una institución destinada a aterrorizar y asesinar a los pibes de los barrios, a la juventud, a los pobres." Y agrega: " hay que luchar por la disolución de la policía podrida y el desmantelamiento de todo el aparato represivo."

El gatillo fácil como categoría y como práctica está atravesada por marcadores de clase que, al tiempo que denomina una acción, la legítima en tanto su blanco de acción son, generalmente, "los otros", configurándose como cuerpos matables. ¿Qué características requiere una muerte en manos de la Policía para que reclamemos impunidad policial?

Estas interrogantes son contundentes y existe una deuda que las organizaciones sociales se deben para con el campo de los derechos humanos. Si para determinados sectores de la sociedad no es lo mismo un gatillo fácil que un homicidio policial, cabe examinar si las disputas sobre esta categoría no colocan en cuestión el "merecimiento" social de morir en manos de la Policía.