Alberto Fernández se presentó en los Tribunales de Comodoro Py

El ex presidente Alberto Fernández compareció este lunes en los tribunales federales de Retiro para asistir a una audiencia clave dentro de la causa conocida como Seguros, en la que figura como uno de los principales acusados. En este contexto, la Sala II de la Cámara Federal convocó a su defensa, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, para que exponga los fundamentos de su insistencia en la recusación del juez Julián Ercolini.

La audiencia se desarrollará ante el camarista Roberto Boico, ante quien el exmandatario argumentará que el magistrado mantiene una "enemistad manifiesta" con él, lo que justificaría su apartamiento del expediente. Originalmente, la cita estaba programada para el 23 de diciembre, pero fue pospuesta debido a la ausencia de Barbitta, quien en ese momento se encontraba fuera del país.

Fernández solicita la recusación de Ercolini alegando parcialidad, ya que en su período presidencial presentó una denuncia contra él en relación con un viaje realizado en octubre de 2022 al Lago Escondido. En dicho viaje, participaron jueces, fiscales, funcionarios porteños y ex agentes de inteligencia, supuestamente invitados por el Grupo Clarín. Además, el ex presidente mencionó que conocía a Ercolini "de hace décadas" y sugirió que en el pasado mantuvieron una amistad que se enfrió cuando asumió la jefatura del Estado y se deterioró aún más tras el episodio del Lago Escondido.

No obstante, Ercolini negó ambas afirmaciones y sostuvo que no existen motivos para aceptar la recusación, ya que esto afectaría "el principio del juez natural" en la investigación. En consecuencia, rechazó in limine el primer intento de apartamiento, dejando la decisión en manos de la Cámara Federal porteña.

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La causa Seguros involucra, además de Fernández, a un grupo de brokers y ex funcionarios de Nación Seguros, entre ellos Alberto Pagliano, Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos. Según la Justicia, se habría implementado un sistema de direccionamiento en la asignación de contratos estatales a determinados brokers entre 2019 y 2023, en muchos casos de manera encubierta.

En ese sentido, Ercolini señaló que el expresidente habría tenido el control absoluto de la operatoria, a pesar de la existencia del decreto 823/21. "Aprovecha?ndose de su investidura, el nombrado habri?a retenido la potestad de adoptar la u?ltima decisio?n en caso de controversia entre los dema?s miembros del grupo y se habri?a ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas", detalló el juez.

Durante la declaración indagatoria realizada en noviembre, Fernández optó por no responder las preguntas de Ercolini ni del fiscal Carlos Rívolo. En su lugar, presentó un escrito en el que defendió el decreto 823, argumentando que dicha norma otorgó a Nación Seguros el monopolio del sector y eliminó la "cartelización", aunque negó haber sido el impulsor de la medida.

Otra causa. El ex Presidente también se enfrenta a la denuncia por violencia de género realizada por la ex Primera Dama Fabiola Yáñez.

Asimismo, intentó distanciarse de Héctor Martínez Sosa, esposo de su ex secretaria privada, María Cantero. "He tenido siempre una relación de afecto. Pero jamás pedí a nadie que un seguro del Estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros. Héctor Martínez Sosa me conoce y conoce mi rigidez en ese tema. En mis cuatro años de mandato no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo", expresó en su defensa.

En paralelo, Fernández deberá presentarse nuevamente este martes en Comodoro Py para una declaración indagatoria en el marco de otra causa, esta vez por presunta violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez. Sin embargo, su equipo legal presentó diversos recursos con la intención de suspender la audiencia, los cuales estaban siendo analizados por el fiscal federal Ramiro González y el juez Ercolini.

El ex mandatario enfrenta imputaciones por "lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones". De ser hallado culpable de todos los cargos, la pena podría alcanzar hasta 18 años de prisión.

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La investigación, delegada en la fiscalía de González, se sustenta en pruebas como capturas de imágenes enviadas por Yañez a Cantero, las cuales fueron halladas en un peritaje al celular de esta última dentro de la causa Seguros. En su resolución, el juez afirmó que los hechos ocurrieron en un "contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yañez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024". La defensa de Fernández, liderada por Silvina Carreira, intentó apartar al magistrado alegando "temor de parcialidad", aunque sin éxito.

Yañez brindó su testimonio a través de una videoconferencia desde Madrid, España, donde reside junto a Francisco, el hijo de ambos. En tanto, también declararon en la causa la exsecretaria Cantero, el ex intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, familiares de la víctima, médicos que la atendieron en la residencia presidencial, la esteticista Florencia Aguirre, así como su examiga y exempleada presidencial Sofía Pacchi y las niñeras que cuidaron al niño durante la gestión de Fernández.

"El análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió acreditar que el expresidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica", concluyó la fiscalía.

Esta será la segunda indagatoria de Fernández desde que dejó el cargo. En noviembre pasado ya había sido interrogado por su presunta participación en el direccionamiento de contratos de seguros estatales a través de intermediarios. En este caso, también interviene el juez Ercolini y aún se encuentra pendiente una resolución sobre su situación procesal.