El Estado te quiere útil o te quiere fuera

Es curioso cómo las palabras tienen el poder de transformar la realidad, de crear un mundo paralelo que se justifica con la lógica fría de la contabilidad y la burocracia. Pero lo que es aún más inquietante es cómo un Estado, con su cálida apariencia de bienestar y justicia, puede ocultar en su interior una profunda indiferencia hacia el individuo, un desprecio velado por aquellos que no se ajustan a su estandarización.

Lo que está en juego con la revisión de la resolución 187/2025 de la ANDIS no es únicamente una cuestión administrativa o económica, sino una declaración de principios. Y, si bien la resolución en su forma actual refleja una lógica de gestión centrada en la eficiencia y el cálculo, el proceso de su revisión abre un espacio para cuestionar la moralidad misma de esa lógica. Esta revisión es el resquicio, la grieta por donde la verdadera humanidad de la política puede filtrarse, porque lo que se está discutiendo no es solo el impacto inmediato de la medida, sino lo que representa la posibilidad de un cambio, de una reconsideración profunda de lo que significa tratar a los individuos con dignidad.

Al presentar la resolución en su estado original, la administración no solo ha propuesto una modificación normativa, sino que ha dejado al descubierto un sistema que parece operar bajo la premisa de que el ser humano solo tiene valor cuando se ajusta a una métrica económica, cuando su existencia se justifica en términos de lo que puede producir, de lo que cuesta menos o lo que puede ser medido a través de estándares burocráticos. Este es un error fundamental que refleja una visión que no solo es destructiva, sino profundamente deshumanizadora. Tal como lo subrayó Ayn Rand, el hombre debe ser visto como un fin en sí mismo, no como un medio para un fin, y mucho menos como un número que se ajusta a las necesidades del sistema.

Lo que propone la revisión de la resolución, si es que finalmente se modifica, es un recordatorio de que no todo puede ser reducido a cálculos de eficiencia. El ser humano no puede ser tratado como una carga, como una cifra más en una lista de costos y beneficios. Y sin embargo, si la resolución no hubiera sido puesta bajo revisión, si se hubiera mantenido tal como fue presentada, la sociedad estaría aceptando un modelo de gestión que no ve al individuo como algo valioso por sí mismo, sino como un mero instrumento que debe justificar su existencia en función de lo que aporta al colectivo. Aquí la ideología de Ayn Rand es esclarecedora: la verdadera moralidad radica en el respeto absoluto por la autonomía individual, en la capacidad del ser humano de vivir según sus propios principios, sin ser sacrificado por el bien de otros, sin ser sometido a la tiranía de la eficiencia impuesta.

Imaginemos, entonces, el escenario en el que la resolución no se revisa, donde la burocracia sigue operando bajo los mismos principios. En ese escenario, los individuos con discapacidad no serían más que piezas intercambiables en un sistema que define el valor humano por lo que puede aportar en términos de producción, esfuerzo o dinero. El ser humano dejaría de ser considerado un fin, para convertirse en una "necesidad gestionada", una cuestión de números. La revisión de la resolución, por tanto, se convierte en un acto de resistencia, no solo contra una medida que podría resultar ineficaz o injusta, sino contra un modelo de gestión que socava la libertad fundamental de cada ser humano.

Lo que está en juego con la revisión de la resolución 187/2025 de la ANDIS no es únicamente una cuestión administrativa o económica, sino una declaración de principios.

Y este es el dilema que enfrentamos: si no se revisa la resolución, la sociedad estaría legitimando un sistema que, por más que se disfrace de eficiencia, en el fondo niega el derecho de las personas a ser quienes son, a existir por sí mismas, con sus propios derechos. La revisión, en este sentido, no solo responde a una necesidad administrativa, sino que se convierte en un juicio moral. No es una mera cuestión de ajustar números, sino de decidir si se va a permitir que el Estado continúe siendo el árbitro de quién merece o no ser respetado en su individualidad.

Por supuesto, el cambio propuesto por la revisión no garantizaría una solución perfecta, pero sí abriría una puerta a la reconsideración del valor humano, entendiendo que las personas no son instrumentos de un sistema, sino seres autónomos con derecho a vivir en sus propios términos. El rechazo a una resolución que subordina al individuo a la eficiencia sería, en efecto, una victoria para la libertad. Porque lo que de verdad está en juego es si, en un futuro cercano, la sociedad será capaz de reconocer al ser humano como un fin en sí mismo, capaz de decidir su destino sin ser una carga para nadie, sin tener que justificar su existencia ante la fría lógica de un sistema que solo lo ve como un número más.

Si se mantiene la resolución tal como está, la sociedad aceptará la premisa peligrosa de que el valor de las personas depende únicamente de lo que pueden aportar, de lo que cuesta mantenerlas. Pero si se modifica, si la revisión da paso a un nuevo enfoque, entonces la sociedad podrá reivindicar una vez más el principio de la dignidad humana. Esta no es solo una batalla administrativa; es una lucha moral que decide el tipo de sociedad que queremos construir. Un sistema que respete la autonomía del individuo y lo valore por lo que es, y no por lo que puede hacer por el colectivo, será un sistema que reconozca al ser humano como su fin más alto.

Así, la revisión de la resolución se convierte en un acto simbólico y práctico a la vez: una oportunidad para retomar el principio básico de la filosofía de Ayn Rand: la libertad individual como el fundamento de toda justicia. En este contexto, la revisión no es solo una reforma administrativa; es la posibilidad de reafirmar la dignidad del ser humano. Y eso, más allá de la gestión económica, es lo que realmente importa.