El juez Manuel José García Mansilla salió al cruce de las impugnaciones contra su designación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizada por decreto en comisión por el presidente Javier Milei, y afirmó con contundencia que su remoción antes del plazo de un año solo puede concretarse mediante un juicio político. En un extenso escrito de 51 páginas, el magistrado defendió la legalidad de su nombramiento y cuestionó la legitimidad de la causa judicial que busca anularlo, advirtiendo que cualquier intento de apartarlo fuera de los mecanismos constitucionales pondría en riesgo el orden público constitucional.
García Mansilla, quien asumió el cargo el 27 de febrero de 2025 tras prestar juramento ante los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, argumentó que su designación se ajusta estrictamente al artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional. "Toda vez que el nombramiento en comisión previsto en el Decreto 137/25 se hizo efectivo luego de haber prestado yo juramento, ya soy juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", aseguró. Según el magistrado, desde ese momento goza de las garantías establecidas en el artículo 110 de la Carta Magna, que protege la inamovilidad de los jueces supremos salvo por un juicio político aprobado por el Congreso.
El escrito responde al traslado del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien tramita una causa iniciada por un amparo que impugna tanto su designación como la del juez federal Ariel Lijo, también nombrado por Milei en el mismo contexto. García Mansilla planteó la falta de jurisdicción de Ramos Padilla para intervenir en el caso y cuestionó la legitimidad de los actores que impulsaron la acción judicial, solicitando el rechazo inmediato del planteo. "No existe arbitrariedad o ilegalidad en mi designación, y cualquier cuestionamiento al Decreto 137/25 no es manifiesto como exige la Constitución Nacional para su impugnación", sostuvo.
El magistrado aseguró que mientras dure su designación en comisión solo podría salir del cargo por un juicio político.El magistrado recordó que su nombramiento tuvo como objetivo cubrir la vacante dejada por Juan Carlos Maqueda, en un momento en que el Senado estaba en receso, lo que habilitó al Ejecutivo a recurrir al mecanismo de designación en comisión. "Desde el 27 de febrero de 2025 estoy ejerciendo en la Corte Suprema la función judicial prevista en la Constitución", afirmó, subrayando que su juramento fue avalado por los miembros del máximo tribunal. En este sentido, advirtió que cualquier intento de revertir su designación por fuera de un juicio político, conforme a los artículos 53 y 110 de la Carta Magna, constituiría un ataque directo al orden institucional del país.
García Mansilla fue más allá y alertó sobre las consecuencias de mantener abierta la causa en su contra. Según argumentó, la continuidad del proceso judicial comprometería el normal funcionamiento de la Corte Suprema, un organismo clave para la estabilidad del sistema democrático argentino. "Cualquier remoción fuera del mecanismo constitucional violaría el equilibrio de poderes y el orden público que la Constitución busca resguardar", enfatizó. Para el juez, los cuestionamientos a su designación carecen de sustento legal y responden más a intereses políticos que a una interpretación objetiva de la norma.
El caso ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y político, ya que el nombramiento de García Mansilla y Lijo por decreto en comisión levantó críticas de sectores que consideran que el Ejecutivo excedió sus facultades al no esperar la aprobación del Senado, como establece el procedimiento habitual para los cargos en la Corte Suprema. Sin embargo, el magistrado defendió la validez del mecanismo utilizado por Javier Milei, amparándose en las prerrogativas que la Constitución Nacional otorga al presidente durante los recesos legislativos. "Mi designación se ajusta estrictamente al artículo 99, inciso 19, y no hay nada que indique lo contrario", insistió.
En su escrito, García Mansilla también puso el foco en la necesidad de preservar la independencia del Poder Judicial. "La Corte Suprema no puede estar sujeta a impugnaciones que carecen de fundamento constitucional claro, porque eso debilitaría su autoridad y su rol como garante del Estado de Derecho", argumentó. Para el juez, la causa en su contra no solo lo afecta personalmente, sino que tiene implicancias sistémicas que podrían alterar el delicado equilibrio entre los poderes del Estado.
Mientras la polémica crece, el futuro de García Mansilla en la Corte Suprema dependerá de cómo se resuelva el amparo en trámite. Por ahora, el magistrado se aferra a su cargo y a las garantías constitucionales que lo protegen, dejando claro que no cederá ante las presiones. "Soy juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y mi remoción solo puede darse por juicio político; cualquier otro camino es inconstitucional", concluyó. El desenlace de este enfrentamiento judicial promete ser un capítulo clave en la relación entre el Ejecutivo de Javier Milei y el Poder Judicial, con el orden constitucional como telón de fondo.
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