Académicos exigen que García-Mansilla deje su cargo en la Corte Suprema tras el rechazo del Senado

Un grupo de más de 40 docentes universitarios y juristas de todo el país reclamó que Manuel García-Mansilla deje de ejercer funciones en la Corte Suprema de Justicia, luego de que su pliego fuera rechazado por el Senado con 51 votos en contra, superando holgadamente el mínimo constitucional requerido.

La carta abierta cuenta con las firmas de reconocidos especialistas como Daniel Rafecas, Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez, Manuel Garrido y Roberto Gargarella, además de docentes de universidades como la UBA, UNLP, UNL y UNICEN, entre otras.

Según el documento, la continuidad de García-Mansilla en el tribunal "vulnera las garantías de los justiciables" y "compromete la legitimidad de la Corte Suprema como intérprete de la Constitución".

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Críticas a la designación por decreto y pedido de renuncia

El eje de las críticas se centra en el decreto del Poder Ejecutivo que habilitó la jura "en comisión" de García-Mansilla, una modalidad que los firmantes consideran incompatible con el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que exige el acuerdo del Senado por dos tercios de los presentes para nombrar jueces de la Corte.

"Por respeto a la Constitución Nacional y al derecho que juró respetar, el Dr. García Mansilla debe apartarse del cargo para el que finalmente no ha sido designado", señala el pronunciamiento.

Durante la sesión del Senado en la que se votó su pliego, 51 legisladores votaron en contra y solo 20 a favor. También se rechazó, aunque con una mayoría menor, la candidatura del juez Ariel Lijo, quien obtuvo 43 votos negativos y 27 afirmativos.

Derrota contundente. El pliego de García-Mansilla fue apoyado apenas por 20 senadores.

Tensión judicial y cautelar de Ramos Padilla

Tras el revés legislativo, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar que ordena a García-Mansilla abstenerse de intervenir en causas o decisiones administrativas de la Corte, bajo apercibimiento de sanciones penales o económicas.

Pese a esta resolución, el jurista tenía previsto presentar formalmente su consulta ante sus tres colegas de la Corte para definir su estatus institucional. Cabe recordar que el 27 de febrero, el alto tribunal le tomó juramento para asumir en comisión, reconociendo de forma implícita el decreto presidencial que lo designó hasta el 30 de noviembre.

La controversia sigue abierta y crece la presión tanto desde el ámbito académico como judicial para que el jurista abandone el cargo, en un contexto de fuerte debate sobre la independencia de los poderes y el respeto al procedimiento constitucional.