La sugestiva concesión del gobierno a la UTA tras confirmar que los colectivos no paran el jueves

El Gobierno de Javier Milei, a través de a través de la Resolución 379/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud autorizó a la Obra Social de Conductores de Transporte de Pasajeros (OSTCP), perteneciente a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), a dejar de incorporar a jubilados y pensionados como nuevos beneficiarios. La medida fue justificada por la entidad gremial por "cuestiones económico-financieras", según consta en la resolución oficial.

La decisión generó controversia dentro del ámbito sindical y político, ya que se conoció apenas horas después de que la UTA confirmara que no se sumará al paro general convocado por la CGT. Para muchos analistas, el gesto del Gobierno hacia la obra social del gremio del transporte urbano tiene un fuerte tinte político y refuerza la idea de un alineamiento implícito entre la conducción de la UTA y la Casa Rosada.

Desde la UTA no hicieron declaraciones públicas al respecto, aunque fuentes cercanas al sindicato remarcan que la obra social viene atravesando una delicada situación financiera y que la incorporación de nuevos beneficiarios pasivos afectaría su sustentabilidad.

En tanto, sectores opositores y otras centrales sindicales criticaron la medida por considerarla "discriminatoria" y "perjudicial para los trabajadores que hoy están por retirarse del sistema laboral".

La resolución sienta un precedente preocupante, advierten expertos en salud y derecho previsional, al permitir que una obra social gremial limite el acceso a un segmento históricamente amparado por el sistema solidario de salud.

El tema promete escalar en los próximos días en el marco de un clima gremial cada vez más polarizado y en tensión con el Gobierno nacional.