La Justicia rechazó la intervención de UATRE solicitada por el Gobierno

La Justicia desestimó el pedido del Gobierno nacional para intervenir el sindicato UATRE, conducido por José Voytenco, en el marco de una denuncia por presuntas irregularidades.

En una resolución clave, la Justicia rechazó la solicitud de intervención del sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), promovida por el Gobierno nacional. La iniciativa oficial se fundamentaba en denuncias por supuestas irregularidades en la gestión de la organización sindical liderada por José Voytenco.

El fallo representa un revés para el Ejecutivo, que había impulsado la medida como parte de una estrategia para garantizar la transparencia en los gremios y apuntalar el control sobre entidades sindicales con fuerte presencia territorial.

De acuerdo al fallo " el primero sería dudoso porque todavía sigue controvirtiéndose en sede ministerial, el valor de los actos eleccionarios celebrados para determinar cuál de las listas en pugna habría resultado triunfadora en los comicios celebrados. Pero, soslayando lo expuesto, lo importante es la verosimilitud del derecho invocado por el Estado para proceder a la intervención del sindicato ha sido enervado por la denuncia penal (de UATRE) y su recepción por parte del tribunal competente: estamos ante un fenómeno que interesa al orden público y que la doctrina tipifica como prejudicialidad penal, no correspondiendo que el tribunal civil emita pronunciamiento hasta que el tribunal criminal se pronuncie»,

Desde UATRE, la conducción celebró la resolución judicial como un respaldo a la institucionalidad y al funcionamiento interno del gremio. "Se ratifica la legitimidad de nuestra gestión y se desestiman intentos de injerencia externa", expresaron en un comunicado oficial.

El caso había generado fuerte repercusión en el ámbito sindical y político, ya que UATRE representa a miles de trabajadores rurales en todo el país y su conducción tiene peso estratégico en distintas provincias.

Con esta decisión, la Justicia cierra momentáneamente la posibilidad de una intervención directa, aunque el Gobierno podría apelar o insistir con nuevas acciones judiciales si considera que existen elementos suficientes.