23/04/2025
En medio del luto nacional por la muerte del Papa Francisco, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, desata una brutal represión contra la comunidad indígena Cueva del Inca en Tilcara. Niños, mujeres y ancianos fueron atacados en un desalojo violento que favorece intereses empresarios. Organismos de derechos humanos exigen intervención urgente.
Por
Redacción MundoPoder
Mientras la Argentina se encuentra sumida en el dolor por la partida del Papa Francisco -símbolo global de humildad y justicia social- en el norte del país, el gobierno de Jujuy ejecutó una de las represiones más escandalosas de los últimos tiempos. La comunidad indígena Cueva del Inca, ubicada en Villa Florida, Tilcara, fue violentamente desalojada por más de 200 efectivos policiales, entre ellos infantería armada, que ingresaron al territorio ancestral con gases lacrimógenos, escudos y palos. Mujeres, niños y ancianos fueron brutalmente golpeados. La vivienda de una familia fue destruida. La represión dejó detenidos y heridos.
El responsable político del operativo: Carlos Sadir, actual gobernador de Jujuy, sucesor directo de Gerardo Morales, ambos exponentes de un modelo que ya no respeta a los pueblos originarios ni sus derechos consagrados por ley. Por el contrario, los atropella con lógica empresarial.
Las comunidades indígenas fueron desalojadas violentamente por más de 200 efectivos policiales.
LEE MÁS: Una mujer, una guerra, una decisión: Liliana Colino y el viaje que hizo historia
Un ataque a la identidad ancestral
La comunidad Cueva del Inca posee personería jurídica y su territorio está reconocido oficialmente por el INAI desde 2014, bajo el marco legal de la Ley 26.160, que prohíbe expresamente los desalojos en tierras indígenas hasta que se complete el relevamiento territorial. Sin embargo, todo esto fue ignorado. La jueza Lis Valdecantos Bernal autorizó el operativo en complicidad con sectores del poder judicial y económico, desoyendo normas constitucionales y tratados internacionales.
Intereses que valen millones
El trasfondo del conflicto es tan antiguo como repetido: negocios inmobiliarios y turísticos. Las tierras que ocupa la comunidad -ricas en patrimonio arqueológico, con pictografías milenarias y paisajes protegidos por la UNESCO- son codiciadas por empresarios hoteleros que reclaman derechos adquiridos desde principios del siglo XX, pero cuya validez es cuestionada. Se estima que los proyectos turísticos en juego superan los 5 millones de dólares en inversión privada, además del valor simbólico de privatizar un paraje ancestral para convertirlo en atractivo comercial.
Silencio, luto... y abuso de poder
El momento elegido para el operativo no fue casual. El país estaba atento a la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. En ese clima de duelo nacional, se produjo un golpe por la espalda a nuestras comunidades más vulnerables. Un uso cínico del silencio institucional para ejecutar un desalojo sin precedentes en democracia.
"El Estado no tiene piedad ni memoria", denunció una de las mujeres de la comunidad, aún con heridas visibles. "Lloran al Papa en la tele, pero aquí nos pegan y nos roban la tierra".
¿Hasta cuándo deberán pagar los pueblos originarios?
El conflicto de Cueva del Inca no es un caso aislado. En Salta, Chaco, Formosa y Río Negro, distintas comunidades originarias enfrentan expulsiones, amenazas, violencia institucional y judicialización constante. La pregunta resuena como un eco en la Quebrada:
¿Por qué siempre deben pagar los pueblos indígenas? ¿Por qué las raíces de nuestra tierra son las primeras en ser arrancadas?
Empresarios hoteleros reclaman las tierras de las que las comunidades indígenas fueron desalojadas.
Exigen intervención internacional
Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y la Coordinadora del Parlamento Mapuche han pedido la intervención de la Justicia Federal y la suspensión inmediata de cualquier desalojo. Se exige además que se investigue el uso de inhibidores de señal para bloquear la cobertura periodística, otra prueba del encubrimiento sistemático.
El negocio de borrar la historia
En la Argentina de hoy, donde los discursos de modernidad y desarrollo económico ocupan todos los micrófonos, las voces ancestrales son silenciadas con gases y palos. Jujuy está hoy en el centro de una escena de horror y vergüenza. El gobernador Sadir pasará a la historia no por administrar la provincia, sino por convertir la tierra sagrada en moneda de cambio. Mientras tanto, nuestros pueblos originarios siguen pagando con dolor la deuda eterna de un país que olvidó su origen.
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.