La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, le pidió al presidente Alberto Fernández que incluya en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto de la llamada “Ley Lucio”. El mismo establece un plan de capacitación de funcionarios públicos para actuar en situaciones de violencia contra menores. La finalidad del pedido es que la iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja, también sea aprobada en el Senado.
A través de una nota enviada a Alberto Fernández, Cecilia Moreau pidió formalmente que se incorpore al temario de extraordinarias, que iniciaron el lunes y se extenderá hasta el 28 de febrero, la propuesta que establece el “Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes”. La diputada expresó que esta iniciativa “genera una política de Estado para trabajar en la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes”. También remarcó que una de las “mayores responsabilidades” del Estado “es asegurar el desarrollo pleno y armonioso de las infancias”, a lo que consideró que “por ello la urgencia, ya que cada día cuenta en la protección de los más vulnerables”.
Cabe mencionar que el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados por 228 votos a favor el 9 de noviembre del año pasado. El mismo ordena la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En caso de que la medida sea sancionada, el Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con el Poder Judicial, creará un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia. El fin es unificar los criterios de actuación a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente a la Justicia.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, busca promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales.
