En medio de la pandemia del coronavirus son muchos los casos que comienzan a escucharse sobe las “vivezas” o “imprudencia” de algunos empresarios que hacen trabajar a sus empleados pese a que está prohibido por la cuarentena. En este caso se descubrió que en San Juan un empresario textil fue condenado a un año y medio de prisión en suspenso y el pago de 80 mil pesos de multa acusado de haber obligado a trabajar a 30 empleados suyos en una fábrica de ropa deportiva.
Violando la cuarentena obligatoria que rige sobre el rubro textil teniendo en cuenta que no está incluido entre las excepciones, el empresario Sergio Vallejo Mini, fue juzgado por un tribunal de flagrancia de la ciudad de San Juan a cargo del juez Federico Rodríguez por el hecho de hacer trabajar a 30 empleados en su fábrica de ropa deportiva. Según se especificó los empleados estaban trabajando en un galpón de la zona de Rawson y se hallaban encerrados bajo llave.
En el debate en el que se terminó condenando a Vallejo Mini, el fiscal Ignacio Achem pidió dos años de prisión. Argumentó que el empresario dijo que los trabajadores de su firma estaban confeccionando “elementos de higiene sanitaria”, pero después las inspecciones determinaron que era una coartada ya que no se pudo comprobar. La propia policía dejó constancia de que se estaba fabricando “a ritmo industrial camperas y pasamontañas”.
Vallejo Mini no es el único empresario que por estos días recibió condena, hay que sumarle la de otros dos empresarios textiles que fueron detenidos el mismo día en otros dos allanamientos, pero que acordaron su pena en un juicio abreviado. Se trata de Isaías Gabriel Brant, dueño de la firma Maxi Brant y al supervisor de la empresa textil Soberano, Jorge Sukerman. Ambos fueron condenados a una pena de 8 meses de prisión en suspenso y además deberán pagar 50 mil pesos en costas y donativos al Hospital Guillermo Rawson, lugar donde se tratan pacientes de coronavirus.
Pero estos casos no son los únicos que tomaron notoriedad en los últimos días. Días atrás Mundo Poder te contaba sobre el frigorífico y matadero de Quilmes “El Federal”. Allí se registró una muerte por coronavirus, el municipio decidió clausurar el lugar peor los dueños no quisieron acatar la orden y lo reabrieron obligando a los empleados a que asistan a sus puestos pese a o tener condiciones de trabajo apropiadas para realizarlo.
Ante esta situación, este jueves el municipio decidió a través de la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad, a cargo de Claudio Carbone, denunciar ante el Juzgado Federal de Quilmes al frigorífico. En la denuncia se menciona presuntos delitos contra la salud pública, previstos en los arts. 203 y 205 del Código Penal de la Nación.
El Municipio encabezado por Mayra Mendoza informó que se adhirió a los decretos del Gobierno Nacional y que con la facultad de hacer cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio, aplica en este caso la “Ley de Radicación Industrial 11.459 de la Provincia de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario DECTO 2019-531-GDEBA-GPBA, artículos 18, 20, 21 y 27, y en cuestiones generales de acuerdo con Ordenanza Municipal Nº 5405/85 capítulo XI art. 9”.
En esta normativa se hace referencia a la facultad de actuar de la autoridad competente en casos en que se ponga en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras, tal como ocurrió en el Frigorífico El Federal.
Algunas de las historias de irregularidades que se van conociendo por estos días en el país ante la extensión de la cuarentena y la necesidad económica que cada vez más grande. En estos casos los propios empresarios se arriesgan a sanciones y deciden abrir las puertas de sus fábrica para no cortar la actividad.
