Las consultas llegan a toda hora y son de todo tipo. “Los secretarios judiciales literalmente no duermen”, cuentan.

A un promedio de 300 consultas diarias, la Justicia Federal de Capital nunca olvidará la pandemia de coronavirus ​2020. Por miedo a pasarse de rosca -o dejar pasar algo importante-, los policías, gendarmes o prefectos a cargo de la difícil tarea de que se cumpla el aislamiento social prefieren preguntar antes de tomar una decisión. Tal vez temen una metida de pata y tratan de no molestar a su jefe directo a las tres de la madrugada.

Desde el comienzo de la cuarentena la recarga de trabajo atípico, con historias dramáticas y bizarras incluidas, fue tal que la Cámara Federal decidió reducir la duración de los turnos a la mitad: ahora siete días en lugar de 15. “Es que la llamadas no paran, son a toda hora. Los secretarios judiciales literalmente no duermen“, cuentan en el fuero, un lugar más acostumbrado a lidiar con los escándalos políticos que con una jubilada atrincherada en su casa amenazando con matarse si le hacen un test viral.
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Una de las primeras historias de la cuarentena durante el turno del 15 al 31 de marzo -que padecieron el juez Luis Rodríguez y la fiscal María Alejandra Mángano- fue la de un hombre al que la situación lo superó por completo y salió a la calle desnudo a rezar a los gritos, como para completar el clima “fin del mundo”.

También hubo dos españoles residentes en la Argentina (y bastante adinerados) que habían vuelto de un viaje que habían hecho a Europa y nunca entraron al hotel que tenían destinado para pasar 14 días encerrados. Luego de un día de búsqueda, se los encontró en un campo de Santa Fe, adonde habían llegado en un transporte sanitario.

Desinfección en un banco de La Matanza.
Foto Germán García Adrasti

Desinfección en un banco de La Matanza. Foto Germán García Adrasti

Fue después de esta experiencia de 15 días de pandemia a full que los turnos se acortaron a la mitad. Pero los episodios alarmantes y extraños no aflojaron durante el período a cargo de Julián Ercolini y Gerardo Pollicita.

Solo en los últimos días el juez tuvo que intervenir en un tremendo caso: dos policias intentaron identificar/ llevarse/acorralar a un hombre en situación de calle que no tuvo mejor idea que agarrar un frasco, cortarse y rociarlos con su sangre al grito de “Tengo sida y ahora ustedes también“. Al parecer, el hombre no tenía HIV, pero sí algunos antecedentes penales por robo a mano armada, por lo que terminó preso.

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El lunes pasado, los bomberos tuvieron que intervenir, con autorización judicial, en el caso de una mujer mayor con antecedentes psiquiátricos. Ella se había convencido de que un vecino se había muerto de coronavirus, se había encerrado en su casa y no quería salir. Para colmo de males, su familia no quería asistirla, temerosa de que estuviera contagiada.

Los conflictos familiares estallan todos los días. “Esto es para un juez de paz”, rezongó ante Clarín un funcionario y puso otra historia como ejemplo: una mujer (divorciada) llevó a su hijo de dos años a una guardia porque tenía mucha fiebre. El nene quedó internado y cuando le dijeron que ella y y su nueva pareja tenían que hacer cuarentena, no quiso saber nada. Incluso llamó al juzgado pidiendo salir a la farmacia a comprar un remedio porque era diabética. La solución: se dispuso que su ex marido se hiciera cargo de su hijo y de comprarle el medicamento a su antigua esposa.

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Vecinos en alerta permanente que denuncian a un turista francés que hace flexiones en un parque, miembros del consorcio que piden intervención policial porque el propietario de tal o cual departamento está usando el gimnasio o la pileta del edificio. Paseos de perros más allá de un límite imaginario establecido. A Comodoro Py llega de todo.

Para tratar de orientar a las fuerzas federales que están apechugando con la más fea -y también a veces protagonizando tremendos casos de violencia institucional-, el Ministerio de Seguridad de la Nación sacó una especie de protocolo sobre lo que pueden y no pueden hacer.

Las recomendaciones

“Es importante, en principio recordar que el objetivo del aislamiento preventivo obligatorio es la reducción de circulación de personas en la vía pública, evitando a su vez la concentración de personas en las comisarías y dependencias de las fuerzas policiales y de seguridad. En tal sentido, la principal tarea que tiene el personal policial es garantizar que las personas que se encuentran circulando sin estar debidamente autorizadas, retornen inmediatamente a sus hogares para cumplir con lo establecido en el decreto”, explica la resolución firmada por el subsecretario de Control y Transparencia Institucional, Esteban José Rosa Alves.

A pocos días de que algunas condiciones de encierro comiencen a flexibilizarse, este “protocolo” es como una guía no solo para las fuerzas de seguridad, sino también para la gente que, por ejemplo, podrá filmar cualquier situación irregular y nadie podrá impedírselo.

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Entre las obligaciones de los uniformados, figuran: contar con una credencial de identificación personal, consultar sobre los motivos por los que la persona está circulando y tener  presente que existen numerosas excepciones al DNU, las cuales permiten el tránsito de quienes cumplan trabajos y/o brinden servicios en determinados rubros.

La resolución incluye otra lista de cosas que no pueden hacer, como realizar tareas de dispersión masiva a bordo de motos o vehículos, proceder a la detención de manera compulsiva sin antes recabar los motivos por los que la persona se encuentra fuera de su domicilio y realizar arrestos o traslados a dependencias policiales sin la intervención del Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal.