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    Para CFK la reforma judicial que se tratará en el Senado “es insuficiente”

    La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio y afirmó que el país “todavía se debe una verdadera reforma judicial”. Considera que el proyecto oficial que el Senado tratará el jueves no tiene ese fin sino que busca “implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994”. Le pidió a la justicia que el sistema político "acepte que cualquier diferencia se discute en el Congreso".

    El proyecto que genera polémica se tratará el jueves en el Senado

    Mediante un texto al que tituló “¿Reforma? Algunas consideraciones sobre las palabras, los acuerdos, el Congreso y la democracia”, la exmandataria planteó el debate del jueves en la Cámara alta “crea nuevos juzgados penales en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país” y que "comienza a implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la justicia ordinaria a la esfera" porteña.

    "A este proyecto que crea juzgados en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, aborda cuestiones de competencia, que le da una mayor transparencia al ingreso y al sorteo de causas e introduce la perspectiva de género, se lo ha titulado erróneamente 'Reforma Judicial'", expresó la vicepesidenta, al tiempo que puntualizó que “haciendo honor a la precisión semántica que deben tener nuestras palabras, en el país en los últimos 20 años solamente ha habido dos reformas judiciales”.

    En el documento también señala que esta no es la primera reforma que se trata y hace referencia a las veces anteriores. La primera en año 2013 que fue votada por el Parlamento y “fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios”. Cristina prefiere hablar de “Democratización de la Justicia”.

    “La segunda -continuó Fernández de Kirchner- fue una reforma realizada de facto, sin ley y contra la Constitución. La realizó Mauricio Macri a partir del año 2015, cuando asumió la Presidencia. Una reforma de facto operativizada únicamente sobre la justicia Federal Penal de la Capital Federal, más concretamente sobre los tribunales de Comodoro Py, y con el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios”.

    Según la vicepesidenta la reforma impulsada por Macri tuvo cuatro ejes fundamentales en donde se "creó e impuso una mesa judicial en la órbita del Poder Ejecutivo integrada por funcionarios y abogados del poder cuya función era digitar causas judiciales contra opositores en Comodoro Py, naturalizada en los medios de comunicación hegemónicos como si fuera un órgano extrapolado de la Constitución".

    En la presentación del proyecto, el presidente aseguró que la reforma es necesaria

    Y a esto le agregó: “Incorporó la llamada ‘Doctrina Irurzun’ (en referencia al camarista de Comodoro Py Martín Irurzun) por la cual se utilizaba el instituto de la prisión preventiva para aplicarla a los opositores, privandolos de su libertad en forma ilegal”, dijo, y sumó como tercer factor que “comenzó a trasladar jueces a juzgados y tribunales para los cuales no habían sido designados, sumándole además el incumplimiento de los requisitos que fija la Constitución para la designación de los jueces”.

    Por último, la vicepresidenta sostuvo la “reforma de facto” de Macri” terminó por convertir a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “en el órgano directriz de la cuestión judicial a través del manejo de los agentes orgánicos e inorgánicos en la creación de causas, espionaje y seguimiento de opositores”.

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    El proyecto que genera polémica se tratará el jueves en el Senado

    Mediante un texto al que tituló “¿Reforma? Algunas consideraciones sobre las palabras, los acuerdos, el Congreso y la democracia”, la exmandataria planteó el debate del jueves en la Cámara alta “crea nuevos juzgados penales en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país” y que "comienza a implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la justicia ordinaria a la esfera" porteña.

    "A este proyecto que crea juzgados en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, aborda cuestiones de competencia, que le da una mayor transparencia al ingreso y al sorteo de causas e introduce la perspectiva de género, se lo ha titulado erróneamente 'Reforma Judicial'", expresó la vicepesidenta, al tiempo que puntualizó que “haciendo honor a la precisión semántica que deben tener nuestras palabras, en el país en los últimos 20 años solamente ha habido dos reformas judiciales”.

    En el documento también señala que esta no es la primera reforma que se trata y hace referencia a las veces anteriores. La primera en año 2013 que fue votada por el Parlamento y “fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios”. Cristina prefiere hablar de “Democratización de la Justicia”.

    “La segunda -continuó Fernández de Kirchner- fue una reforma realizada de facto, sin ley y contra la Constitución. La realizó Mauricio Macri a partir del año 2015, cuando asumió la Presidencia. Una reforma de facto operativizada únicamente sobre la justicia Federal Penal de la Capital Federal, más concretamente sobre los tribunales de Comodoro Py, y con el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios”.

    Según la vicepesidenta la reforma impulsada por Macri tuvo cuatro ejes fundamentales en donde se "creó e impuso una mesa judicial en la órbita del Poder Ejecutivo integrada por funcionarios y abogados del poder cuya función era digitar causas judiciales contra opositores en Comodoro Py, naturalizada en los medios de comunicación hegemónicos como si fuera un órgano extrapolado de la Constitución".

    En la presentación del proyecto, el presidente aseguró que la reforma es necesaria

    Y a esto le agregó: “Incorporó la llamada ‘Doctrina Irurzun’ (en referencia al camarista de Comodoro Py Martín Irurzun) por la cual se utilizaba el instituto de la prisión preventiva para aplicarla a los opositores, privandolos de su libertad en forma ilegal”, dijo, y sumó como tercer factor que “comenzó a trasladar jueces a juzgados y tribunales para los cuales no habían sido designados, sumándole además el incumplimiento de los requisitos que fija la Constitución para la designación de los jueces”.

    Por último, la vicepresidenta sostuvo la “reforma de facto” de Macri” terminó por convertir a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “en el órgano directriz de la cuestión judicial a través del manejo de los agentes orgánicos e inorgánicos en la creación de causas, espionaje y seguimiento de opositores”.

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