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    Denuncian penalmente a Aranguren por el aumento de tarifas del gas en 2018

    Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) denunció penalmente al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, y negociaciones incompatibles, con respecto a los contratos que fijaron el precio del gas en el año 2018. Dicha denuncia recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N°12. 

    Aranguren y otros ex funcionarios habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación contractual, con precios en dólares, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa. Por cierto, algo inédito en la historia de la comercialización del gas“, sostuvo Bernal tras presentar la denuncia, que incluye también a Marcos Porteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía durante la gestión de Cambiemos, Mauricio Roitman, ex presidente en ejercicio del directorio del Energas, y demás integrantes del, por entonces, Directorio del Ente Regulador. 

    Denuncia del interventor de Enargas a Aranguren.

    A través de un comunicado publicado en el sitio oficial del Ente Regulador, se explica que ante la finalización de la Ley de Emergencia Económica y la plena vigencia de la Ley 24.076 (Ley del Gas), y normas reglamentarias y complementarias, en 2018 se debía volver a la desregulación del precio del gas, es decir, la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras. En tanto, se indica que en octubre de ese año, se pretendió mediante 24 cuotas, que la variación impulsada del valor de cambio del dólar fuera absorbida por los usuarios en cuotas en sus facturas, cuestión que se ganó un repudio generalizado y hasta se promovieron denuncias penales. “Esto derivó en la absorción por parte del Estado Nacional de aquel acuerdo ruinoso para los bolsillos de los usuarios. Esto es, todo el pueblo argentino en calidad de contribuyente haciéndose cargo de la deuda generada“, se agrega en la publicación. 

    Para el Enargas, el daño económico que se originó por esa decisión “asciende a 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios del servicio público de gas por redes“. 

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