Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández anunció que instruyó a que se inicie una querella criminal a fin de investigar si se cometieron delitos en el endeudamiento que tomó Mauricio Macri durante su gestión sin la autorización del Congreso de la Nación.
Poco después de su anuncio, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó ante diferentes organismos públicos de control una documentación vinculada con los acuerdos firmados por Argentina con el organismo en el 2018. En tanto les pidió “la realización de una auditoría específica” para determinar si hubo perjuicio para el Estado.
La documentación y los pedidos de investigación fueron presentados por la autoridad monetaria ante la Sindicatura General de la Nación y la Oficina Anticorrupción. Se trata de las actuaciones tramitadas en el Ministerio de Hacienda y el Informe de "Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015/2019", además de las actuaciones administrativas referenciadas y de varios expedientes tramitados en el BCRA.
El pedido del Banco Central se fundamenta en que los expedientes respecto de los dos acuerdos firmados con el organismo que comanda Kristalina Georgieva “resultaría incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la Constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI“.
Para el BCRA, en el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la “ausencia de dictamen jurídico previo” a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico. “En el segundo acuerdo con el FMI se incorporó el dictamen previo, pero sin entrar a considerar si, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, los órganos que decidieron su ampliación y tales modificaciones, estaban facultados para tomar dicha decisión”, afirmó el BCRA.
En tanto, el Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de Activos externos 2015-2019”, elaborado en marzo de 2020 concluyó que entre mayo de 2018 y octubre de 2019 el FMI desembolsó cerca de US$44.500 millones, fondos que junto a las reservas internacionales “abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD45,1 mil millones”.
Ante esto, el BCRA pidió “la realización de una auditoría específica” de la documentación para evaluar las “responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI” en 2018. Reclamó a su vez “determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público”.
Por último, finalizan el escrito: “Con la documentación presentada, la SIGEN y la Oficina Anticorrupción deberán determinar si existieron los incumplimientos, la existencia de perjuicio para el patrimonio público y las responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI durante el año 2018″.
