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    El Gobierno busca crear un “tribunal intermedio” para que trate las causas de corrupción

    Según trascendió en las últimas horas, el gobierno nacional estaría avanzando en un proyecto de Ley que volverá a enfrentarlo con el Poder Judicial y con su cabeza, la Corte Suprema de Justicia. Incluso, fuentes aseguran que se baraja la posibilidad de que la iniciativa sea tratada en sesiones extraordinarias.

    El Gobierno enfrentará una nueva pelea con la Corte Suprema.

    Desde que Alberto Fernández asumió la presidencia ha sido reiterativo con el tema de que hay que “cambiar la justicia”. Por ahora no logró que se apruebe en el Congreso la reforma judicial, aunque el oficialismo está en negociaciones para ver si logran tratar el proyecto en extraordinarias. Aún así, el Gobierno quiere ir por más, y según trascendió en las últimas horas el Ejecutivo quiere impulsar un tribunal intermedio que erosionaría el poder de la Corte.

    En concreto, lo que querría hacer el Gobierno es crear un “tribunal intermedio de arbitrariedad”, que sería una instancia previa a la Corte Suprema, y que entre otros temas se encargaría de analizar recursos procesales en causas de corrupción.

    La idea del gobierno tomó eje público y se desataron las críticas luego de una nota publicada en el diario La Nación, donde fuentes del Gobierno le dijeron a ese medio que el proyecto “se está armando. Y podría sumarse al temario (de extraordinarias)”.

    En los hechos, la Corte perdería incidencia en las causas de corrupción si se llegara a crear el nuevo tribunal, con lo cual, desde la oposición aseguran que esta es una maniobra más para favorecer a la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner “para garantizarle su impunidad”.

    "Que hay que modificar el funcionamiento de la Justicia es algo en lo que coincidimos todos. El macrismo destiñó todos los procesos con irregularidades, y pareciera que los juicios no fueron justos. Hay que analizarlos, no como hizo la Corte, y más tratándose de un exvicepresidente", añadió otra fuente a ese mismo diario en referencia al caso del exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone.

    El argumento del oficialismo para presentar este proyecto es que con su aprobación, a la Corte Suprema se le alivianaría un poco más el saturado laburo que registran: unas 23.000 causas de corrupción por año.

    Las causas por que el Gobierno habría tomado la decisión se refiere al malestar que generó en el oficialismo que la Corte Suprema rechazara el artículo 280 invocado para rechazar el recurso extraordinario presentado por Boudou sin explicar las razones y haya dejado firme la condena de Amado Boudou a cinco años y diez meses de cárcel por el caso Ciccone.

    Sobre la idea, el diputado nacional Pablo Tonelli le dijo a ese mismo medio: "Conozco el informe de la Comisión en el cual estará basado este proyecto. Me parece un disparate. En primer lugar porque no es necesario. En segundo lugar solo serviría para alargar los juicios, que ya son largos de por sí".

    Y agregó: “La intervención de ese tribunal no evitaría la intervención de la Corte Suprema, y si no hubiera instancia de llegar a la Corte sería inconstitucional”.

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    El argumento del oficialismo para presentar este proyecto es que con su aprobación, a la Corte Suprema se le alivianaría un poco más el saturado laburo que registran: unas 23.000 causas de corrupción por año.

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    Sobre la idea, el diputado nacional Pablo Tonelli le dijo a ese mismo medio: "Conozco el informe de la Comisión en el cual estará basado este proyecto. Me parece un disparate. En primer lugar porque no es necesario. En segundo lugar solo serviría para alargar los juicios, que ya son largos de por sí".

    Y agregó: “La intervención de ese tribunal no evitaría la intervención de la Corte Suprema, y si no hubiera instancia de llegar a la Corte sería inconstitucional”.

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