Cursar una carrera universitaria es un desafío que se encara por vocación, por la perspectiva de mejores oportunidades laborales a futuro, o por cualquier otra razón, pero no es sencillo, sobre todo si paralelamente hay que trabajar, como le sucede a la mayoría de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires.
Imaginemos a alrededor de 45 personas, mayoritariamente jóvenes y trabajadoras, dispuestas a comenzar su primera clase de orientación penal en la Facultad de Derecho. Muchos eligieron ese turno porque es vespertino y a esa hora ya dejaron el trabajo hasta el día siguiente. Están ilusionados porque el jefe de cátedra es un juez federal muy conocido, prestigioso, que tuvo en sus manos causas muy relevantes y mediáticas.
Cuando llega les da la bienvenida, es amable, carismático, pero algo no está bien cuando se refiere a la bibliografía que se utilizará durante el curso. Es un libro de su autoría, que además los alumnos conocen porque otros estudiantes les han dicho que el profesor se guía por él y que conviene preparar la asignatura sobre esa base. Es muy frecuente que los jefes de cátedra les sugieran sus propios libros a los alumnos, quienes los compran nuevos, o de segunda mano, o lo fotocopian parcialmente, o se los prestan entre ellos.
Pero el profesor, el juez federal tan encantador que les está hablando por primera vez, les dice que su libro cuesta 15 mil pesos y, súbitamente, un grupo de ayudantes de cátedra entra en el aula llevando varios ejemplares, que van dejando, uno a uno, junto a los asombrados estudiantes.
El profesor les pide que se anoten en una lista, con nombre y apellido, para saber cuántos libros son necesarios en esa comisión.
Algunos alumnos se preocupan. No pensaban comprar un libro de 15 mil pesos para una sola asignatura, no pueden hacerlo. Pero tampoco quieren dejar de figurar en esa lista de compradores que sería tan fácil de comparar con la nómina total de alumnos de la comisión. No es que crean que vayan a tomar represalias contra ellos, por supuesto que no, el juez cobra más de un millón de pesos mensuales exentos de Ganancias y seguramente no depende de la venta de libros para vivir. Como fuere, todos los alumnos terminan inscriptos en la lista de los compradores. Los ayudantes salen del aula y regresan al rato con más libros.
El juez federal que es ahora su profesor los tranquiliza: pueden llevarse los ejemplares pese a no haberlos pagado todavía. No hay problema, la lista de los que se anotaron para comprar ya está terminada y ante la cuestión planteada por un alumno, temeroso por tener que ir a la próxima clase con 15 mil pesos en efectivo después de un día de trabajo, con el riesgo de que se los roben, hay una respuesta. El profesor, ese juez al que han visto a menudo en la televisión, les dicta lentamente, para que anoten bien los 22 números del CBU de su cuenta del Banco Ciudad, donde podrán transferir el dinero.
Según cuentan algunos a abogados que también son profesores en la facultad y conocen la historia, hay alumnos que ya están pensando en cambiar de cátedra: no tienen los 15 mil pesos que cuesta el libro.
