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    Entidades religiosas califican de “injusto” al castigo impuesto sobre las enfermeras que se negaron a asistir una IVE

    Luego del escándalo que generó la suspensión de dos enfermeras sanjuaninas que se negaron a asistir una interrupción voluntaria del embarazo, las entidades religiosas de la provincia salieron a defenderlas. Se metieron de lleno en un tema candente y calificaron de “injusto” al castigo impuesto sobre las trabajadoras de la salud.

    Repudian el castigo impuesto a las enfermeras que se negaron a asistir una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

    El Arzobispado San Juan de Cuyo junto a Cáritas, Acción Católica, el Equipo de Formación Espiritual Cristiana, Emaús y la Comisión Justicia y Paz emitieron un comunicado oficial en el que respaldaron a las auxiliares de la salud. En tanto, sustentadas en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Nacional, señalaron: “La objeción de conciencia ha sido reconocida como un derecho humano y constitucional, derivado de las libertades de conciencia y de religión”.

    Dichos artículos consagran la libertad de cultos, el derecho a la igualdad y el principio de autonomía, respectivamente. Además, recordaron que el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos avala la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

    En esa línea, las organizaciones religiosas decretaron: “Cualquier sanción administrativa o medidas que afecten la carrera de los objetores, implican un menoscabo a sus derechos. Lamentamos profundamente la injusta sanción a las dos enfermeras“.

    Ellas, lejos de todo abandono a la paciente, han hecho valiente expresión del valor intangible del don de la vida. Repudiamos el reprochable proceder de la Institución médica“, reafirmaron desde la cúpula religiosa ante las criticas del sanatorio por el accionar de las enfermeras.

    A su vez, recordaron las palabras del Papa Francisco a miembros de la Asociación Católica de Trabajadores de la Salud (ACOS), quien había asegurado: “En casos extremos en que los que la integridad de la vida está en peligro, se basa, por lo tanto, en la necesidad personal de no actuar de forma diferente a la propia convicción ética“.

    Por último, para dar un cierre a su postura, apuntaron contra quienes toman decisiones dentro del ámbito de la salud en San Juan. “Esperemos que la cultura del descarte no integre a su lista negra a quienes se forman y trabajan incansablemente para el cuidado de nuestra vida y salud ¡Salvemos las dos vidas!“, concluyeron.

    A favor y en contra

    El tema ocupó el centro de escena de la opinión pública y desde diversos sectores ofrecieron su opinión. El espacio político Dignidad Ciudadana apoyó a las enfermeras al igual que lo hizo el sindicato que las representa, ATSA.

    Por su parte, desde la Justicia, el secretario Relator de la Fiscalía General, Rolando Lozano, sentenció que “la objeción de conciencia no alcanza”.

    La facultad de objetar ha sido reservada por la ley, exclusivamente, para quien tiene la responsabilidad directa de realización de la práctica; es decir, del médico que debe realizar la práctica de interrupción del embarazo. Con lo cual, todas aquellas personas que realizan actividades de tipo complementarias a la del médico, sea que las practiquen antes, durante o después de la interrupción del embarazo, no pueden alegar objeción de conciencia porque no están alcanzados por la ley“, señaló.

    En tanto, agregó: “Nadie puede ser obligado a actuar en contra de sus convicciones más profundas y la ley ha regulado que es una forma de vida. La ley es muy clara y específica que solo tiene derecho a objetar la o el profesional que tiene participación directa en la práctica y es únicamente el médico que la realiza“.

    El comunicado:

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