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    Inicio POLÍTICA Es ley el proyecto de la Sostenibilidad de la Deuda Pública

    Es ley el proyecto de la Sostenibilidad de la Deuda Pública

    En la primera sesión extraordinaria del cuerpo, la Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda Pública. El mismo establece que las negociaciones en materia de deuda con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con aval del Congreso.

    Se realizó la primera sesión extraordinaria del Congreso.

    Con 233 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, el oficialismo consiguió su cometido. Durante su intervención, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Carlos Heller, sostuvo que con esta iniciativa el Congreso aprobó “un plan rector que dará certezas y confianza a la ciudadanía”.

    El legislador precisó que la iniciativa tiene como objetivo “establecer que sea este Congreso que no sólo apruebe un acuerdo con un organismo internacional sino un plan rector para varios años que dará certeza y confianza a la ciudadanía”.

    Además, destacó la importancia del artículo que establece que esas financiaciones “no sean utilizadas para financiar gastos corrientes” y afirmó que esa medida “es muy adecuada porque no nos podemos endeudar en dólares para gastar en pesos”.

    Para la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos sostuvo que se trata de un tema “central” en la agenda del país y expresó que la iniciativa constituye “un resguardo poderoso”, a la vez que destacó el anhelo de “que este proyecto, en el marco de un nuevo pacto social en el que debe basarse la reconstrucción del país, resulte un elemento constitutivo: el del nunca más a los procesos de fuga y endeudamiento”.

    “Es importante que estemos empezando a recorrer este camino de fortalecer una nueva institucionalidad democrática de nuestra economía con una legislación tan necesaria como esta”, agregó.

    Desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, sentenció que “la Ley trae cierta claridad respecto a la potestad del Poder Ejecutivo de prorrogar la jurisdicción en materia de endeudamiento”. Y agregó: “Algunos ejecutivos lo hacían por decreto, otros por ley, y esto salda de alguna forma el debate”.

    En tanto, el diputado y miembro de Consenso Federal, Jorge Sarghini, indicó que “esta es una ley que mira para adelante pero apoyada en una historia de desaciertos”.

    A su turno, el legislador del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, justificó su voto negativo y explicó que “este proyecto es una verdadera impostura. Hace que el Congreso actúe como una escribanía que dé garantía a todas las operaciones de deuda en jurisdicciones extranjeras”.

    El proyecto de sostenibilidad de la deuda determina que “la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones autorizadas para ese ejercicio”.

    En ese sentido, el texto legislativo establece que toda emisión de ese tipo que supere dicho “porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente”.

    En el artículo segundo, el proyecto establece que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley” del Congreso “que lo apruebe expresamente”.

    El recuerdo del A.R.A San Juan


    Durante la sesión, Diputados también dio media sanción a un proyecto de ley nacido por iniciativa del Poder Ejecutivo a instancias del Ministro de Defensa, Agustín Rossi. Se les ofrecerá a las 44 familias de los tripulantes del A.R.A San Juan una indemnización extraordinaria y por única vez que rondará los siete millones de pesos, libres de impuestos.

    El proyecto establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 en el Mar Argentino, “tiene derecho a recibir una indemnización por grupo familiar”, que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.

    El texto legislativo señala que el cobro del beneficio “importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”.

    Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento “es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias”.

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    Con 233 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, el oficialismo consiguió su cometido. Durante su intervención, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Carlos Heller, sostuvo que con esta iniciativa el Congreso aprobó “un plan rector que dará certezas y confianza a la ciudadanía”.

    El legislador precisó que la iniciativa tiene como objetivo “establecer que sea este Congreso que no sólo apruebe un acuerdo con un organismo internacional sino un plan rector para varios años que dará certeza y confianza a la ciudadanía”.

    Además, destacó la importancia del artículo que establece que esas financiaciones “no sean utilizadas para financiar gastos corrientes” y afirmó que esa medida “es muy adecuada porque no nos podemos endeudar en dólares para gastar en pesos”.

    Para la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos sostuvo que se trata de un tema “central” en la agenda del país y expresó que la iniciativa constituye “un resguardo poderoso”, a la vez que destacó el anhelo de “que este proyecto, en el marco de un nuevo pacto social en el que debe basarse la reconstrucción del país, resulte un elemento constitutivo: el del nunca más a los procesos de fuga y endeudamiento”.

    “Es importante que estemos empezando a recorrer este camino de fortalecer una nueva institucionalidad democrática de nuestra economía con una legislación tan necesaria como esta”, agregó.

    Desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, sentenció que “la Ley trae cierta claridad respecto a la potestad del Poder Ejecutivo de prorrogar la jurisdicción en materia de endeudamiento”. Y agregó: “Algunos ejecutivos lo hacían por decreto, otros por ley, y esto salda de alguna forma el debate”.

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    A su turno, el legislador del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, justificó su voto negativo y explicó que “este proyecto es una verdadera impostura. Hace que el Congreso actúe como una escribanía que dé garantía a todas las operaciones de deuda en jurisdicciones extranjeras”.

    El proyecto de sostenibilidad de la deuda determina que “la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones autorizadas para ese ejercicio”.

    En ese sentido, el texto legislativo establece que toda emisión de ese tipo que supere dicho “porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente”.

    En el artículo segundo, el proyecto establece que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley” del Congreso “que lo apruebe expresamente”.

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    El proyecto establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 en el Mar Argentino, “tiene derecho a recibir una indemnización por grupo familiar”, que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.

    El texto legislativo señala que el cobro del beneficio “importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”.

    Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento “es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias”.

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