Exclusivo: obligan a pagar $15 millones a padres que perdieron a su hija en la peor tragedia vial de San Luis

Gaston Macias

21 noviembre, 2022

En el cálido mediodía del 2 de noviembre de 2011 se produjo la peor tragedia vial de la historia de la provincia de San Luis: un tren arrolló a un colectivo que trasladaba a alumnas del Instituto Privado Santa María, dependiente de la Universidad Católica,  quienes iban a realizar una actividad solidaria extracurricular. En la localidad de Zanjitas una formación arrastró 200 metros al vehículo contratado por la institución escolar, como resultado de lo cual murieron 6 alumnas, la vicedirectora de la entidad, una docente y hubo gran cantidad de personas heridas.

Los padres de Paula, de 11 años, una de las nenas fallecidas, iniciaron una demanda que acaba de ser resuelta por la justicia mendocina.

La Sala B de la Cámara Federal de la provincia, resolvió modificar parcialmente lo resuelto por el juzgado federal puntano de primera instancia y dispuso indemnizar a los padres de la niña muerta con $639.188 en concepto de daño patrimonial, “más el interés de la tasa pasiva del BCRA desde el evento dañoso (hace 11 años) hasta el efectivo pago”.

Los camaristas Gustavo Castiñeira de Dios y Manuel Pizarro fijaron también un resarcimiento “en concepto de daño extra patrimonial, de $6.000.000, para cada uno de los actores (los padres), con más el interés de la tasa pura del 6% anual desde el hecho dañoso hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (hace un año), luego de allí al efectivo pago debe aplicarse la tasa pasiva promedio del BCRA”.

La Cámara de Mendoza, alzada del juzgado de San Luis, dejó fuera de toda responsabilidad al Estado Nacional, puesto que el ramal de carga en el que se produjo el accidente estaba concesionado.

Los involucrados

El fallo de 50 fojas reseña las defensas de los participantes de este penoso expediente.

El Instituto Privado Santa María básicamente sostuvo que la actividad extracurricular era optativa, que los padres vieron al chófer del micro antes de partir, que trató “de una fatalidad, un hecho fortuito” y que el colegio no tenía ninguna posibilidad de saber cuál iba a ser el desempeño del conductor, quien, debe destacarse, fue condenado a una pena de cumplimiento efectivo por su negligencia al cruzar las vías del tren cuando se acercaba la formación.

En una indignada respuesta, los padres replicaron que no había manera de negarse a participar en el viaje solidario y que las familias no autorizaron a que se contratara una empresa irresponsable, sin seguro, que violó las normas de seguridad haciendo que algunas niñas viajaran paradas o en la falda de otras, por falta de asientos para todas.

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América Logística Latina Central S.A.(ALL), concesionaria del ramal ferroviario, se escudó en que la causa penal había concluido con la condena del chófer del micro, con lo que quedaba zanjado el tema de la responsabilidad por las muertes y los daños.

En efecto, en 2015 Julio Jofré fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión e inhabilitación para conducir vehículos por 10 años, por encontrarlo culpable de 8 homicidios y 25 casos de lesiones. En el juicio se determinó que Jofré actuó de manera imprudente,  negligente y que ignoró las  advertencias de peligro.

Este precedente es el que dejó prácticamente sin argumentos a Transporte Polo SRL, a tal punto que ni siquiera apeló la condena de primera instancia.

Allianz Seguros sólo reclamó que no se la obligara a cruzar el límite de cobertura pactado con ALL.

El fallo de la cámara

Los jueces de la Sala B coincidieron en que no había eximentes para la responsabilidad de Transporte Polo SRL, la empresa propietaria del micro arrollado y en que el Estado, contrariamente a lo resuelto en primera instancia, no tenía culpa en el accidente.

Al momento de analizar el comportamiento del Instituto Privado Santa María, los jueces destacaron que “sus directivos contrataron el transporte,  coordinaron la actividad, previeron lugares y horarios de trabajo, asistieron junto a las alumnas, todo dentro del plan educativo y de valores que propugna la institución”. No hubo hecho fortuito, no era imprevisible que alguna alumna o docente sufriera algún daño, se lee en el fallo, por eso se les pidió a los padres una autorización, que no exime al colegio por la “negligencia de los directivos al contratar un servicio que no cumplía con las normas  mínimas de seguridad”.

La concesionaria ALL falló en su responsabilidad, ya que una pericia dio cuenta de “la falta de señalización vertical y horizontal en ruta”. Si bien existían señales pasivas como la cruz de San Andrés o de “cruce sin barreras” los camaristas estimaron que “una actitud más diligente,  responsable, de prevención activa, manda a la empresa a controlar la efectividad real de ellas. Evidentemente no fueron suficientes”.

Castiñeira y Pizarro compartieron el criterio de primera instancia de fijar en 6 millones de pesos el resarcimiento por daño moral a cada uno de los padres de Paula. “Estamos ante uno de los eventos más dañinos que una persona pueda atravesar, la muerte de una hija. Agravado por ser una niña de apenas 11 años. “Para peor, a este episodio ya sin más aditivos devastador… se suma que la niña llegó con vida al hospital,  fue sometida a diversas maniobras de estabilización, por lo que las manifestaciones (de los progenitores) de que la niña pedía por su madre en ese crítico momento es muy coherente y probable”.

En el fallo se deja explícitamente señalado que los vencidos (el Instituto y la transportista, de forma total y ALL más su aseguradora Allianz, de modo parcial) tienen una obligación concurrente hacia los padres de la niña muerta. Esto significa que el matrimonio  podrá solicitar el pago del total a cualquiera de los deudores y luego entre estos últimos deberán compensarse de acuerdo a la cuota de contribución de cada uno.

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