Durante este último miércoles, la actriz Florencia Peña denunció formalmente a los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff por «violencia de género mediática, institucional y simbólica». Por otro lado, este jueves, el abogado de la artista, Fernando Burlando, notificó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que avance el pedido de expulsión de los legisladores de Juntos por el Cambio.
«Dada la naturaleza de los hechos que se les imputan y la flagrante actividad ilícita de los nombrados que resulta de público y notorio, solicitamos a ese honorable cuerpo que proceda a su inmediata suspensión, de acuerdo con las prescripciones constitucionales y las circunstancias consideradas en la documentación que se adjunta al presente, disponiéndose el inicio del correspondiente pedido de desafuero a fin de que sean sometidos a la jurisdicción federal, de acuerdo con los delitos que se encuentran manifiestamente acreditados«, expresa la carta que Burlando le envió a Massa.
El pedido de expulsión contra los diputados de la Nación surge luego de los ataques a Florencia Peña mediante las redes sociales cuando se conoció que la conductora de «Flor de Equipo» estuvo en la Quinta de Olivos reunida con el presidente Alberto Fernández para conversar sobre la situación de los actores en el marco de la pandemia. Fue promovida por Gabriela Cerruti y otras catorce diputadas: Victoria Rosso, Paola Vessvessian, Mónica Macha, Laura Russo, Hilda Aguirre, Mara Brawer, Ayelén Spósito, Patricia Mounier, Claudia Ormaechea, María Rosa Martínez, María Jimena López, Mabel Caparrós, Gisela Marziotta y Gabriela Estévez.
Por otra parte, en la denuncia presentada por Peña, se le pide al juez que solicite los desafueros de Iglesias y Wolff y que «se ordene a los encartados que se abstengan de realizar comentarios con relación a la denunciante en ningún medio de comunicación». Además, pide "la inhibición general de bienes de ambos imputados hasta cubrir la suma de 30 millones de pesos o lo que la justicia estime oportuno para cubrir los eventuales daños y perjuicios que se deriven del ilícito que se denuncia".
Burlando explicó que decidieron ir a la Justicia porque «estas personas cometen el delito en abuso de autoridad emparentado con situaciones de violencia psicológica para con el género». En tanto advirtió que están trabajando en el consejo de la Mujer y el INADI: «La ley de violencia de género es una ley que le ha impuesto a los funcionarios bregar por ella, bregando por los derechos de las mujeres y son estos dos funcionarios quienes incumplen«.
Ante la posible expulsión de los diputados, sostuvo: «Hoy la actualidad no da para tolerar exabruptos, no son errores, son conductas que son parte del pasado y del presente de esta gente, estamos viendo cómo se manejaron. Son funcionarios públicos a quienes nosotros les pagamos el sueldo y dictan una ley para no respetarla, esta es la debilidad de las instituciones en Argentina«.
Hasta el momento, solo se presentó el proyecto de resolución que puede terminar con la expulsión de la Cámara de Diputados como sanción máxima, una suspensión de su rol como legisladores o un apercibimiento.
