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    #EsPorEllaYPorTodas

    Los casos de femicidio en el país son una constante que generan alarma y que de forma absurda con el correr del tiempo se han vuelto parte de la vida cotidiana. Pese a los esfuerzos de agrupaciones feministas, sociales y de Derechos Humanos por visibilizar la problemática, es evidente que se necesita un cambio profundo y la participación del Estado Nacional para promover ese nuevo escenario a partir de la implementación de políticas públicas.

    Durante dos años denunció los maltratos y amenazas de su ex pareja

    El caso de Florencia Albornoz, una joven que fue asesinada en el año 2010 por su ex pareja (policía), fue tomado como bandera por el estudio de Derechos Humanos Justicia y Reparación (se especializa en este tipo de denuncias en diferentes países de América) para generar un cambio de raíz en Argentina. A partir de una demanda internacional al Estado, se trata del primer caso de femicidio del país que llega a la ONU.

    La presentación se realizó en mayo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), perteneciente a la ONU. Ahora se espera que este organismo internacional de aviso al Estado Nacional de la denuncia que pesa en su contra.

    La petición está fundada en las violaciones a los derechos humanos que sufrió la víctima por parte de un Estado que no la protegió, una consecuencia de no haberle brindado la protección y vías de acceso a la justicia en un contexto de violencia de género.

    Florencia Albornoz fue asesinada en 2010, su caso es recordado porque desde 2008 había hecho en distintas oportunidades denuncias por violencia doméstica contra su ex pareja Miguel Ángel Mazó, un policía bonaerense que durante años la hostigó, agredió y amenazó de muerte.  

    Su familia pide por ella y por todas las víctimas de femicidio

    Al momento que fue asesinada, la víctima tenía el supuesto resguardo de una medida de restricción perimetral que nunca se cumplió ya que el agresor violó la medida para ejecutar a la joven y a Ernesto Escudero, amigo de Florencia, utilizando su arma reglamentaria.

    Las autoridades sólo le permitían realizar las denuncias a Florencia en la Comisaría de Quilmes (sección primera), donde justamente trabajaba su ex, y por lo cual éste gozaba de una amplia impunidad.

    A pesar de que había sido oficialmente desvinculado de la Policía Bonaerense, su ex pareja seguía prestando servicio e incluso se le había facilitado una vivienda en un destacamento de Quilmes al momento en que llevó a cabo el femicidio.

    Dos años después de la muerte de Florencia, los familiares iniciaron una acción civil contra la Provincia de Buenos Aires para solicitar una indemnización por daños, motivada en que el Estado le dio un tratamiento negligente a las denuncias de Florencia. Ocho años después este expediente todavía no fue ni siquiera abierto a prueba, por lo que sigue en la etapa inicial del proceso.

    Los años de impunidad y en este contexto de aislamiento en el que las cifras de violencia doméstica y femicidios se dispararon, han generado que la familia eleve el pedido ante el organismo de Derechos Humanos pidiendo justicia por Florencia, pero también por todas las mujeres que se animan a denunciar y pedir ayuda en un contexto de violencia de género.

    En diálogo con Mundo Poder, Christian Berndt Castiglione, el abogado que lleva adelante la causa, cuenta que ya hay en Ginebra un colaborador que sigue de cerca el caso, por lo que se espera una “inminente” notificación al Estado argentino que podrá tener una postura de “acercamiento o defensa” de acuerdo a sus convicciones.

    Durante esta semana el estudio le ha enviado notas a diferentes ministerios para que se pongan en conocimiento sobre la demanda. “El Estado argentino tiene que rendir examen a finales de julio en CEDAW, y la idea nuestra es saber cuál es la posición que tomará, hoy en día representado por un gobierno que tiene ciertos objetivos y perspectivas distintas respecto del gobierno anterior con un tema particular que es la violencia de género”, aseguró Berndt Castiglione.

    Cabe destacar que Alberto Fernández ni bien asumió creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sin dudas un paso adelante con respecto a la gestión de Mauricio Macri.

    “Esta presentación fue impulsada por los familiares de la víctima con la colaboración de la red de Familiares Atravesados por el Femicidio y la asistencia jurídica del equipo Justicia y Reparación de conformidad con el procedimiento previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer cuyo instrumento de adhesión fue presentado por la República Argentina ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el 20 de marzo de 2007. Cabe mencionar que ésta es la primera presentación por violaciones a los Derechos Humanos en un caso de femicidio en el ámbito de la ONU”, expresa un fragmento de la carta que se entregaron en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Misión permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas, Jefatura de Gabinetes de la República Argentina y Presidencia de la Nación.

    La misiva da cuenta de la necesidad de poder establecer un punto de encuentro para el desarrollo de políticas públicas y la mejora de las herramientas existentes que permitan una efectiva prevención de los cientos de casos de femicidio que siguen ocurriendo como el de Florencia.

    “En la presentación hay una serie de pretensiones nuestras del robustecimiento institucional, legal, reglamentario, presupuestario tanto para la prevención como para el seguimiento de los casos, hasta pretensiones desde el punto de vista individual de las familias afectadas”, detalla Berndt Castiglione.

    Desde el estudio Justicia y Reparación dejan en claro que la demanda contiene objetivos institucionales “más bien genéricos” porque cada uno de los Estados de acuerdo con su realidad administrativa y a su idiosincrasia deberá definir la forma más efectiva para darle lucha a la violencia de género con las políticas públicas adecuadas.

    Miguel Ángel Mazó, el femicida

    Apelando al sentido común, Berndt Castiglione hace referencia a la necesidad de “aumento de las penas”, “carencias de futuros beneficios en el cumplimiento de las penas” o que las “leyes de presupuesto se incrementen respecto de la violencia de género”.

    Respecto de los tiempos con los que se puede avanzar sobre esta demanda histórica, el letrado asegura que se recurrió a la CEDAW y no a otro organismo internacional, por el hecho de que tiene “un ritmo de trabajo más fluido”, por lo que la notificación al Estado argentino es “inminente”.

    Lo importante a resaltar es que el objetivo de la demanda no solo se basa en el pedido de justicia por Florencia, sino que busca generar un cambio profundo en el tratamiento de esta problemática en el país. Sostienen que el espíritu es poder mejorar los protocolos de actuación ante los casos de violencia con la urgencia que este contexto amerita en medio de una cuarentena donde se han incrementado las denuncias.

    El caso es seguido por la red Atravesados por el Femicidio

    Esta demanda sin precedentes es acompañada por la agrupación Atravesados por el Femicidio, el grupo de familiares que se unen en el dolor y en la lucha para que los asesinatos no queden impunes y para generar consciencia sobre la necesidad de que se debe hacer algo para no lamentar más muertes.

    Parece que se asoma el momento de patear el tablero de una vez por todas. La sociedad entera exige un cambio de paradigma, se necesita una intervención palpable, real y duradera en el tiempo por parte de las autoridades. Se lo debemos a Florencia y a todas las víctimas de femicidio. Es por ella y por todas.

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