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    Inicio SOCIEDAD Hay media sanción

    Hay media sanción

    Diputados aprobó la legalización del aborto, el proyecto obtuvo media sanción con una votación que contó con 131 a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. El próximo 29 de diciembre se votaría en el Senado

    Pocos minutos después de las 11 de la mañana del día de ayer, comenzó la maratónica e histórica sesión en la Cámara de Diputados en la que se debatió el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), junto al Plan de los 1000 Días, el cual establece una protección integral a la mujer y al niño hasta los primeros tres años de vida. Como era de esperarse, la discusión duró más de 19 horas. Pasadas las 4.30 de la madrugada, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, le pidió a los diputados que estén atentos para votar porque se iba achicando la lista de oradores. En tanto, en las inmediaciones del Congreso, miles de pañuelos verdes y celestes hacían vigilia por la inminente decisión. 

    Dentro del recinto se tomaron todas las precauciones protocolares en el marco de la pandemia de coronavirus.

    Dentro del proyecto original se incluyeron algunas modificaciones como por ejemplo en el artículo 8 sobre personas menores de edad, en el artículo 10 sobre objeción de conciencia y se agregó el artículo 11 sobre esta misma temática y las obligaciones que deben cumplir los efectores de salud en relación a las prácticas de abortos. Respecto a la objeción de conciencia, originalmente el texto obligaba a los efectores de salud a garantizar el aborto en el caso de que una persona gestante así lo requiriese. La modificación ahora deja sin efecto esa cuestión, pero sí obliga a aquellos efectores “que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia” a “disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó”. Además, el artículo sostiene que “en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica conforme a las previsiones de la presente ley. Las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación”.

    En cuanto a las personas gestantes que sean menores de 16 años con embarazos no deseados y decidan abortar, se necesitará contar con un consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus padres, conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que indica que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Originalmente, el proyecto preveía que adolescentes de entre 13 y 16 años contaban con la capacidad suficiente para presar el debido consentimiento sin el aval de los padres, y solo se exigía el consentimiento y la asistencia de los padres para las gestantes menores de 13 años. El artículo 26 del Código Civil estipula que “el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores” y que “el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico”. 

    Diputados aprobó el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

    Asimismo, el proyecto de ley consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.

    El aborto se permitirá hasta la semana 14 -inclusive- del proceso gestacional. Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante
    Mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud con su asistencia, en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento
    -Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito. 
    El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable
    Tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda. 
    Obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. 
    El Estado tiene la responsabilidad de implementar la Ley número 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población. 
    Se modifica el artículo 85 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 85. – El o la que causare un aborto será reprimido: 1º) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta QUINCE (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. 2º) Con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana CATORCE (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86”. 
    -El artículo 86 quedará redactado así: “No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana CATORCE (14) inclusive del proceso gestacional”. 

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    Dentro del recinto se tomaron todas las precauciones protocolares en el marco de la pandemia de coronavirus.

    Dentro del proyecto original se incluyeron algunas modificaciones como por ejemplo en el artículo 8 sobre personas menores de edad, en el artículo 10 sobre objeción de conciencia y se agregó el artículo 11 sobre esta misma temática y las obligaciones que deben cumplir los efectores de salud en relación a las prácticas de abortos. Respecto a la objeción de conciencia, originalmente el texto obligaba a los efectores de salud a garantizar el aborto en el caso de que una persona gestante así lo requiriese. La modificación ahora deja sin efecto esa cuestión, pero sí obliga a aquellos efectores “que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia” a “disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó”. Además, el artículo sostiene que “en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica conforme a las previsiones de la presente ley. Las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación”.

    En cuanto a las personas gestantes que sean menores de 16 años con embarazos no deseados y decidan abortar, se necesitará contar con un consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus padres, conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que indica que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Originalmente, el proyecto preveía que adolescentes de entre 13 y 16 años contaban con la capacidad suficiente para presar el debido consentimiento sin el aval de los padres, y solo se exigía el consentimiento y la asistencia de los padres para las gestantes menores de 13 años. El artículo 26 del Código Civil estipula que “el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores” y que “el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico”. 

    Diputados aprobó el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

    Asimismo, el proyecto de ley consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.

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